Vox señala a PP y PSOE como "auténticos culpables" del estado de la marisma de Doñana por sus "incumplimientos"

Rafael Segovia, diputado de Vox por Huelva, puso de manifiesto que, a pesar de la firma del Acuerdo de Doñana hace dos años, los agricultores aún no han recibido las ayudas prometidas, permaneciendo bajo una situación de incertidumbre y, según sus palabras, siendo perseguidos por la administración. Esta aseveración resume una de las principales críticas que Segovia dirigió tanto al Partido Popular (PP) como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a quienes consideró responsables del deterioro de la marisma de Doñana y del estancamiento de soluciones efectivas para el sector agrícola y el entorno natural. Según informó Europa Press, el parlamentario cuestionó públicamente la gestión de ambos partidos a lo largo de los últimos veinticinco años, centrándose en los múltiples incumplimientos del Plan Doñana 2005, diseñado tras el desastre de Aznalcóllar y cuyo plazo de finalización nunca se cumplió por ninguno de los gobiernos responsables.

De acuerdo con Europa Press, Segovia señaló la ausencia de avances en obras que calificó como esenciales, entre ellas la restauración del Caño Guadiamar y el Brazo de la Torre. Estas acciones pendientes se presentan como la evidencia, a juicio del parlamentario, de que los enfrentamientos políticos entre el PP y el PSOE sólo han sido una fachada y no han derivado en mejoras sustanciales para la marisma de Doñana. Segovia detalló la alternancia de poder entre ambos partidos, responsabilizándolos tanto de promesas incumplidas como de no haber impulsado medidas acordadas, lo que, en su opinión, constituye el fondo del problema que enfrenta la zona.

El medio Europa Press recogió que Vox ha manifestado su rechazo al deslinde de la marisma planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica, calificando esta decisión como una acción impuesta "en contra de todo y de todos, incluso en contra de la ciencia". El diputado clasificó el supuesto conflicto entre las administraciones central y andaluza como una teatralización, ya que sostiene que, tras aparentar disputas en foros nacionales e internacionales y ante organismos como la Unesco y la NASA, el PP terminó aceptando los criterios defendidos por el PSOE. Ambos partidos habrían actuado, según Vox, alineados con la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, situándose, en palabras de Segovia, en posición contraria a los intereses agrícolas de España.

Según publicó Europa Press, Segovia reiteró que la presión internacional originó que PP y PSOE firmaran el acuerdo sobre Doñana. El propio diputado recordó que la consejera de Sostenibilidad ratificó esa influencia externa en una intervención ante la Comisión de Medio Ambiente, un hecho que Vox interpreta como la culminación de un proceso de simulacros políticos que no ha beneficiado a la agricultura de Huelva. Entre los hitos mencionados destacó el paseo de representantes institucionales como Juanma Moreno y Teresa Rivera por el parque el día de la firma, un momento que, en palabras del diputado, simbolizó el cierre de una estrategia perjudicial para la región.

Entre las críticas expresadas, Segovia lamentó los efectos del acuerdo sobre la finca Los Mimbrales, donde mil hectáreas pasaron a estar improductivas. Señaló que ahora la política de incentivos económicos ofrece 90.000 euros por hectárea para dejar sin actividad productiva durante treinta años no sólo la Corona Norte, sino también otras áreas dentro del espacio natural protegido y sus alrededores. A criterio de Vox, estas medidas inciden en el tejido socioeconómico rural al impedir que los agricultores mantengan la productividad de sus tierras, al tiempo que consideran que los propios beneficiarios de estas asignaciones sólo las aceptaron al no contar con alternativas viables, optando por ellas como única opción ante un escenario adverso.

Europa Press informó también que Segovia criticó la valoración positiva que realiza el PP sobre esas asignaciones destinadas a la renaturalización de la superficie de Doñana, defendiendo que el objetivo real de los agricultores era conservar el derecho al riego y la capacidad de generar empleo y riqueza. Vox se opone, en este contexto, a cualquier acuerdo que consista en convertir tierras agrícolas en zonas improductivas, proponiendo como alternativa hacer compatible el suministro de agua superficial con la protección del espacio natural.

El diputado, según consignó Europa Press, subrayó el retraso en la llegada de las ayudas tras la firma del acuerdo, situación que mantiene la incertidumbre y dificulta la planificación de la actividad agrícola. Añadió que, además, persiste una actitud que califica como persecución administrativa hacia los profesionales agrícolas, quienes, según denunció, se enfrentan a un entorno regulatorio poco favorable.

Vox denunció, en palabras de Segovia y recogidas por Europa Press, la reiteración de promesas incumplidas respecto al traspaso de competencias para ejecutar la Presa de Alcolea, infraestructura considerada clave para asegurar agua superficial a la zona de la Corona Norte. Según lo expresado en la Comisión de Medio Ambiente, las gestiones para la autorización y construcción de la presa aún no se han materializado, a pesar de los anuncios realizados por la propia consejería de Agricultura. Para el diputado de Vox, la no construcción de Alcolea representa el mayor riesgo para el futuro de Doñana y la agricultura onubense. Sugiere que, si la infraestructura llegara a llevarse a cabo, quedaría expuesto el carácter erróneo de la política que incentiva la improductividad de las tierras.

El diputado también resaltó otras infraestructuras pendientes, como el desdoble del Túnel de San Silvestre, relevante para el trasvase de agua desde el Chanza hacia Doñana, y la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Matalascañas, para la que se anunciaron 29,25 millones de euros en 2021. Estas actuaciones, según detalló Europa Press, permanecen bloqueadas, lo que el parlamentario atribuyó a las dinámicas de bloqueo propias del bipartidismo.

Relacionó la demora en la autorización ambiental para el inicio de las obras de la EDAR con la falta de acuerdo y coordinación entre administraciones, recordando que en 2021 el Ayuntamiento de Almonte fue informado de un pacto con una financiación de 29,2 millones de euros, mientras que dos años después el Ministerio para la Transición Ecológica adujo la ausencia de permisos ambientales para justificar la inactividad.

De acuerdo con Europa Press, una de las afirmaciones del parlamentario alude al volumen de agua disponible en la provincia: sostiene que las 400 hectáreas a renaturalizar requerirían sólo dos hectómetros cúbicos por año, mientras que los embalses actuales cuentan con 986 hectómetros cúbicos —cantidad que ascendería en más de 200 hectómetros si se ejecutase la Presa de Alcolea—.

Rafael Segovia concluyó que Vox apuesta por restablecer el uso del agua superficial para el riego agrícola, considerándolo compatible con la actividad agrícola, el empleo rural y el equilibrio ecológico de Doñana, según reiteró Europa Press.