
El director de la oficina nacional de la International NGO Safety Organisation (INSO) en Burkina Faso, Jean Christophe Emile Pégon, figuró entre los ocho trabajadores humanitarios detenidos y recientemente liberados en ese país, junto con la directora adjunta Guisse Aminata —de nacionalidad franco-senegalesa—, el director de programas Muzik Thomas —de nacionalidad checa—, un ciudadano maliense y cuatro ciudadanos burkineses. De acuerdo con información de Europa Press basada en un comunicado de INSO, estas personas habían sido privadas de su libertad tras las acusaciones presentadas por la junta militar liderada por Ibrahim Traoré, que los señaló de estar involucrados en actividades de espionaje.
Según publicó Europa Press, la ONG neerlandesa INSO confirmó la liberación de sus integrantes y aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo que permitió su puesta en libertad. “INSO celebra la liberación de nuestros compañeros y agradece el apoyo que lo hizo posible”, señaló en el comunicado difundido por el medio. La organización insistió en que, como entidad humanitaria, su compromiso central es facilitar el trabajo seguro de otras ONG para la asistencia de poblaciones afectadas en Burkina Faso y en otras partes del mundo.
El gobierno burkinés, a través del ministro de Seguridad Mahamadu Sana, había formulado acusaciones directas contra INSO, sosteniendo que la entidad constituía una “red de espionaje”. En palabras registradas por Europa Press, Sana afirmó: “En violación de la legislación vigente en nuestro país, esta ONG se dedica a la recopilación sistemática de todo tipo de información relacionada con las actividades políticas, administrativas y de seguridad del país”. Como consecuencia de estos señalamientos, las autoridades decidieron a finales de junio suspender las actividades de INSO en el territorio nacional, justificando la medida por la gravedad de los hechos alegados.
No obstante, INSO rechazó de forma categórica las afirmaciones oficiales y expresó su disposición total a cooperar con las autoridades locales en torno a cualquier inquietud sobre sus operaciones. En palabras recogidas por Europa Press de un comunicado anterior de la organización difundido en octubre, la ONG declaró: “Las autoridades burkinesas eran y siguen siendo totalmente conscientes de nuestro trabajo y nuestro mandato. Operamos en Burkina Faso desde 2019 a raíz de peticiones para apoyar a ONG allí y estamos registrados con los ministerios relevantes, en línea con las leyes locales”.
INSO, según detalló Europa Press, trabaja en tareas de asesoramiento de seguridad para ONG que ejecutan labores humanitarias en contextos de conflicto como el que atraviesa Burkina Faso, buscando que su labor resulte menos riesgosa y más efectiva para la población civil. La ONG enfatizó que su actuación se enmarca dentro de los principios humanitarios y que no tiene otra función que facilitar la protección y asistencia efectiva allí donde se requiera.
Otra entidad relevante, Human Rights Watch (HRW), se pronunció sobre el incidente calificando de “injusta” la detención de los trabajadores y advirtió, citada por Europa Press, que estos hechos envían “el alarmante mensaje” de que las organizaciones humanitarias “operan al capricho de una junta que parece poco preocupada por las personas necesitadas”. HRW relacionó estas acciones con el contexto de crisis humanitaria en Burkina Faso y mencionó operaciones de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad, con consecuencias graves para la población civil.
Human Rights Watch, citada en Europa Press, denunció además que en el marco de las acciones contra grupos armados, las fuerzas militares burkinesas han ejecutado operaciones marcadas por abusos recurrentes, asesinatos masivos —que podrían constituir crímenes de lesa humanidad—, así como represión, desapariciones forzadas y reclutamientos considerados ilegales. De acuerdo con la organización, estos procedimientos acentúan la vulnerabilidad de la sociedad civil y dificultan el trabajo de quienes buscan mitigar los efectos de la violencia y del conflicto.
El papel de INSO en Burkina Faso, conforme lo detalla Europa Press, comenzó en 2019 tras recibir solicitudes para apoyar a ONG ya presentes en el país, desarrollando vínculos formales con los ministerios nacionales y cumpliendo los requisitos legales de registro. Desde entonces, la organización ha centrado sus tareas en la protección y respaldo a trabajadores humanitarios, buscando que la ayuda internacional llegue a poblaciones afectadas a pesar de la inestabilidad política y la inseguridad.
Tras la reciente liberación de sus miembros, la ONG reiteró su compromiso con los principios humanitarios y con la cooperación transparente con las autoridades, según consta en el comunicado recogido por Europa Press. La entidad reafirmó su propósito de seguir apoyando la labor de otras organizaciones no gubernamentales en la región y reiteró que respeta escrupulosamente los marcos legales donde realiza sus operaciones.
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