
La iniciativa para suspender tanto órdenes de captura como solicitudes de extradición a miembros desplazados del Clan del Golfo se estableció con el objetivo de favorecer su inclusión en el proceso de diálogo e incrementar la confianza de cara a una posible desmovilización, según detalló Europa Press. Este mecanismo, diseñado para incentivar la incorporación de actores armados a la mesa de negociación, se ubica en el centro del acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo. El nuevo entendimiento busca reducir la violencia armada, ampliar los mecanismos judiciales y consolidar la supervisión internacional en las zonas afectadas.
De acuerdo con el medio Europa Press, las autoridades y el Clan del Golfo acordaron trasladar integrantes del grupo armado a Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, así como a Tierralta en Córdoba, como parte de la primera fase de implementación de espacios temporales de ubicación. Esta disposición, adoptada tras negociaciones en Doha, prevé una reducción paulatina de la actividad armada y prioriza el descenso de enfrentamientos en territorios especialmente afectados. El proceso está respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y una red de mediadores internacionales que incluye a Qatar, España, Noruega y Suiza.
Según consignó Europa Press, una de las principales novedades del acuerdo radica en la expansión del programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos, que ahora abarcará diez municipios en Córdoba, Antioquia y Bolívar, duplicando las áreas cubiertas en compromisos previos. Esta acción pretende brindar alternativas económicas sostenibles y legales en regiones donde la presencia de economías ilícitas ha impactado significativamente en el tejido social y en la seguridad local.
El documento rubricado por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez Millán, y Luis Armando Pérez, representante del Clan del Golfo, resalta la importancia de frenar progresivamente la participación del grupo armado en el tráfico de drogas, así como de crear condiciones que mejoren la calidad de vida en comunidades afectadas por la violencia. Europa Press detalló que la suspensión temporal de procesos judiciales se plantea como incentivo para la reintegración de antiguos combatientes y como medida para reducir riesgos asociados al abandono de la actividad armada.
Uno de los puntos abordados por el acuerdo contempla la evaluación del estado de salud de individuos vinculados al Clan del Golfo que actualmente cumplen condenas en centros penitenciarios tanto en Colombia como en el exterior. De acuerdo con Europa Press, la Presidencia de Colombia indicó que este procedimiento busca salvaguardar derechos fundamentales y propiciar condiciones para una transición más segura hacia la vida civil.
El monitoreo y seguimiento de las obligaciones pactadas recae en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia liderada por la OEA, así como en la supervisión de garantes y mediadores internacionales. Europa Press informó que el compromiso de actores externos se valoró como fundamental para profundizar la transparencia, fortalecer la disciplina e incrementar la confianza entre las partes involucradas en el proceso.
Tanto las delegaciones negociadoras como los países observadores emitieron un comunicado conjunto señalando la “responsabilidad y dedicación” demostradas durante las conversaciones, según cita Europa Press. El respaldo internacional adoptado en este proceso se dirige a fortalecer el desarrollo en áreas históricamente golpeadas por el conflicto armado, abordar demandas de verdad y reparación para las víctimas, y asegurar garantías que prevengan la repetición de ciclos violentos.
El medio Europa Press también registró el reconocimiento expresado hacia Qatar y a otros facilitadores internacionales por su contribución al acercamiento de las partes, así como su papel en la concreción de los compromisos logrados en Doha. El documento final de las negociaciones incluye un llamado a la sociedad colombiana para profundizar sus esfuerzos a favor de la paz, promover la cohesión social y superar divisiones políticas, ideológicas y religiosas que han incidido en la fragmentación de los territorios afectados.
A lo largo de la negociación se identificaron diferentes “obstáculos y desafíos”, que, según consigna Europa Press, requieren mecanismos robustos de vigilancia y la puesta en marcha de estrategias de confianza y de perseverancia dentro del proceso. La puesta en práctica de las zonas de concentración y el despliegue de programas productivos alternativos arrancará a partir del mes de marzo, incluyendo acciones humanitarias y de acompañamiento para las comunidades impactadas.
El acuerdo suscrito entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, reportado por Europa Press, señala como propósito primordial asentar las bases para una desmovilización gradual de la estructura armada, al tiempo que promueve acciones orientadas a limitar su influencia en la economía ilegal y fomentar cambios duraderos en las regiones más vulnerables. Las acciones de mediación, el monitoreo por parte de organismos multilaterales y la puesta en marcha de iniciativas productivas y humanitarias figuran entre las estrategias contempladas para restaurar la estabilidad y mejorar el bienestar en zonas históricamente marcadas por la violencia armada.
Los actores internacionales reiteraron, según Europa Press, su intención de mantener la participación activa a lo largo de las próximas etapas del proceso de paz, con la expectativa de que las iniciativas desarrolladas respondan a las demandas de reparación y fortalezcan las bases de la paz en comunidades que han experimentado el conflicto de manera prolongada y directa.
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Miércoles, 21 de enero de 2026 (02:00 GMT)
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