El 93,9% de personas bajo el umbral de la pobreza no percibe rentas mínimas de inserción de las CCAA, según informe

El informe preparado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales identifica diferencias notables entre regiones en el acceso a rentas mínimas de inserción (RMI), mostrando que la protección a la población vulnerable en España depende de forma significativa del lugar de residencia. Según reportó la Asociación, el País Vasco lidera la cobertura regional al incluir al 62,9% de los habitantes considerados en riesgo de exclusión económica dentro de sus programas autonómicos, seguido de Navarra, que atiende al 35,4%. Por contraste, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía presentan los niveles de coberturas más bajos, con tasas del 0,1%, 0,4% y 0,6%, respectivamente, lo que ilustra una desigualdad territorial estructural en las políticas de apoyo social.

De acuerdo con la información difundida por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, apenas el 6,1% de las personas bajo el umbral de la pobreza logra acceder a rentas mínimas autonómicas, mientras que el 93,9% -más de 8,7 millones de habitantes en España- continúa marginado del alcance de estos programas. Esta brecha ha crecido desde la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, el cual ha coincidido con un descenso pronunciado en la cantidad de beneficiarios de RMI gestionadas por las comunidades autónomas.

El ajuste en las coberturas también queda reflejado en los datos sobre los recursos asignados. Según publicó la Asociación, trece comunidades autónomas han aplicado recortes en sus presupuestos destinados a estas rentas durante los últimos tres años, lo que, a su vez, incrementó la distancia en el nivel de protección ofrecido entre territorios. El monto medio de la ayuda también varía signficativamente: Baleares destina el 33,6% de la renta media doméstica a esta prestación, situándose al frente en términos de esfuerzo económico relativo, seguido por Cataluña (18,8%), Canarias (18,1%), Asturias (16,2%) y Comunidad Valenciana (14,3%). Por debajo se encuentran Madrid (9,4%), Murcia (9,2%) y Aragón (1,4%).

Según consignó la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la implantación estatal del IMV precipitó una caída del 33,1% en el número de perceptores de rentas mínimas autonómicas entre 2020 y 2023. El descenso fue especialmente marcado en la Comunidad de Madrid, reduciéndose los beneficiarios un 95,3% respecto a la situación anterior al IMV. En Castilla-La Mancha la cifra disminuyó en nueve de cada diez casos, mientras Andalucía y Castilla y León experimentaron caídas del 87,2% y 81,7%, respectivamente.

El análisis difundido por la Asociación destaca que solo tres comunidades han logrado aumentar su número de beneficiarios de rentas mínimas durante los tres últimos ejercicios presupuestarios. Comunidad Valenciana incrementó en un 87,8% el volumen de personas cubiertas, Canarias alcanzó el 35,8%, y el País Vasco un 2,5%. Este aumento se corresponde con mejoras presupuestarias notables en estos territorios. Canarias multiplicó por 2,39 el presupuesto asignado a la prestación autonómica durante el periodo revisado, suponiendo un avance del 139%, mientras Madrid registró una reducción del 95%. En concreto, la asignación en la capital cayó en más de 130 millones de euros; el caso de Aragón refleja también una caída sustancial, con una baja del 93% en recursos destinados.

El perfil de quienes perciben estas ayudas evidencia la feminización de la pobreza y su impacto en edades jóvenes, según los datos extraídos por la Asociación y difundidos en medios informativos. De acuerdo con el informe, el 60% de los titulares de RMI autonómicas son mujeres y el 23,4% de los beneficiarios tiene menos de 35 años de edad. Al mismo tiempo, la incidencia de los programas en la infancia se verifica a través de la inclusión de más de 87.000 menores entre los hogares cubiertos.

En cuanto a la articulación entre las rentas autonómicas y el IMV, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales subraya el solapamiento de ambas medidas, pues los sistemas llegan tanto a perceptores exclusivos como a quienes reciben ambas prestaciones. Si se excluye del recuento a los beneficiarios del complemento de infancia del IMV, el número de personas que disponen de alguna protección directa contra la pobreza no supera 1,4 millones en el país, muy por debajo del total de residentes que, según parámetros oficiales, vive bajo el umbral de la pobreza.

Según remarca la Asociación, pese a los dispositivos existentes en los niveles estatal y autonómico, la mayor parte de las familias y personas vulnerables carecen de cobertura social suficiente para afrontar su situación. La institución recuerda que la creación del IMV suponía la oportunidad de revisar y actualizar los sistemas autonómicos, orientando los apoyos hacia la inclusión social y laboral más allá de la transferencia directa de fondos. El balance del estudio indica que estos objetivos no llegan a completarse de manera generalizada debido tanto a los límites presupuestarios como a la baja extensión de la cobertura.

El análisis presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y recogido por varios medios concluye que las políticas actuales mantienen una marcada desigualdad territorial y, a la vez, una tendencia descendente en el nivel de protección social sobre las poblaciones en riesgo. Según se indica en el estudio, este escenario dificulta la integración y la reducción de la pobreza al ampliar los obstáculos socioeconómicos para buena parte de quienes afrontan situaciones de exclusión en España.