La banca realizó 7.500 operaciones entre 2022 y 2024 a través del nuevo Código de Buenas Prácticas

Las asociaciones bancarias sostienen que el porcentaje de familias en el quintil de menor renta con una carga financiera elevada bajó del 12% a menos del 10% entre 2022 y 2024, atribuyendo esta evolución a la implementación de los Códigos de Buenas Prácticas frente al encarecimiento de las hipotecas variables. Según el informe 'La contribución del sector bancario al crecimiento económico y el progreso de la sociedad', publicado por las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, las entidades financieras realizaron alrededor de 7.500 operaciones entre 2022 y 2024, por un valor conjunto de 860 millones de euros, al amparo de estos regímenes de apoyo para deudores en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el documento difundido por AEB, CECA y Unacc, el sector financiero cuenta actualmente con dos Códigos de Buenas Prácticas. El primero entró en vigor en 2012 y se diseñó para facilitar soluciones a personas con una hipoteca sobre su vivienda habitual que estuvieran ya en el umbral de exclusión financiera. Este código permite reestructuraciones viables de la deuda a través de acuerdos entre las familias y las entidades de crédito, posibilitando la revisión de las condiciones del préstamo para ajustarlas a la capacidad económica del deudor. Desde su puesta en marcha y hasta la última actualización realizada en 2022, cerca de 70.000 familias lograron negociar con su banco una revisión de su hipoteca mediante este mecanismo.

Por su parte, el segundo Código de Buenas Prácticas se aprobó en 2022 para atender a los deudores en situación de riesgo de vulnerabilidad, contemplando un umbral de rentas superior al del primer código. Según detalló el informe recogido por las patronales, este esquema da acceso a medidas como la posibilidad de cambiar las condiciones de los préstamos hipotecarios de tipo variable a tipo fijo, así como la opción de realizar amortizaciones totales o parciales de hipotecas a interés variable sin coste por comisión. Estas fórmulas buscan flexibilizar los pagos y facilitar la adaptación del compromiso hipotecario a la situación económica de las familias.

La activación y el refuerzo del uso de ambos códigos se intensificaron a partir de noviembre de 2022, un momento en que el Banco Central Europeo realizó distintas subidas de tipos de interés para hacer frente a la inflación. Según AEB, CECA y Unacc, el Euríbor, que permanecía en valores negativos a comienzos de 2022, superó el 2% ese año y llegó al 4% durante 2023. Este cambio significativo afectó especialmente a quienes mantenían hipotecas a tipo variable, elevando la carga financiera de miles de familias. En ese contexto, el Gobierno y las entidades bancarias acordaron la introducción de nuevas medidas para mitigar el impacto en los deudores afectados.

El análisis de las asociaciones bancarias, consignado en el informe mencionado, destaca que las medidas de apoyo y la coyuntura económica propiciaron una reducción del endeudamiento significativo en los hogares con mayores dificultades. El porcentaje de viviendas con una carga financiera elevada cayó del 4,6% al 4,1% entre 2022 y 2024. Esta disminución se acentúa en el segmento de población con ingresos más bajos: en el quintil de menor renta, la proporción pasó del 12% a menos del 10%.

En su informe, las patronales subrayan la utilidad de los Códigos de Buenas Prácticas tanto para evitar situaciones de exclusión financiera como para garantizar una adaptación ágil de las condiciones de los préstamos hipotecarios ante escenarios de volatilidad en los tipos de interés. Estos instrumentos, indicaron AEB, CECA y Unacc, ofrecen alternativas a las familias en función de su nivel de renta, facilitando la negociación entre clientes y bancos para revisar o reestructurar las deudas siempre que sea una opción viable según el análisis de la capacidad de pago.

El informe también expone que, del total de operaciones realizadas bajo el paraguas de los códigos entre 2022 y 2024, la mayoría se orientó específicamente a la revisión de la hipoteca habitual, evidenciando la necesidad prioritaria de proteger a aquellas familias que podrían verse abocadas al impago por la presión de los intereses. Las asociaciones bancarias resaltaron que la aplicación combinada de mecanismos de alivio financiero y la evolución positiva de contexto macroeconómico han producido efectos concretos en los indicadores más sensibles al sobreendeudamiento familiar.

El estudio, citado repetidamente por AEB, CECA y Unacc, atribuye parte del descenso en la carga financiera a la capacidad del sector para adaptar rápidamente los productos y condiciones de las hipotecas. Las patronales apuntan a que la experiencia acumulada desde 2012 con la puesta en marcha del primer Código permitió que el sistema financiero respondiera con celeridad ante el incremento de las tasas de interés en los últimos dos años.

Además, el informe precisa que las diferencias entre los dos Códigos radican fundamentalmente en los requisitos de renta para acceder a sus beneficios y en el tipo de medidas que ofrecen. Mientras el código de 2012 nace para un perfil más restringido y con requisitos duros de vulnerabilidad, el de 2022 amplía el rango de posibles beneficiarios, facilitando el acceso a medidas concretas de alivio para hipotecas a tipo variable, uno de los colectivos más afectados por el contexto de subidas del Euríbor.

Finalmente, según AEB, CECA y Unacc, la interlocución regular con las autoridades y la supervisión de la evolución de los programas de ayuda permiten mantener la aplicación de los Códigos en condiciones de eficacia y flexibilidad. Las asociaciones reiteran en su estudio la importancia de estos instrumentos para amortiguar el impacto de cambios macroeconómicos en los hogares con menos margen financiero, y apuntan a la reducción en la proporción de familias en riesgo como uno de los principales indicadores de su efecto.