Podemos quiere que el Congreso se pronuncie sobre su petición de acabar con la bases militares de EEUU en España

El texto presentado por Podemos en la Cámara Baja incluye la exigencia de que España elimine la posibilidad de otorgar permisos genéricos a aeronaves militares extranjeras y establece como requisito la tramitación individual y expresa de cada autorización de vuelo. Según informó Europa Press, la proposición no de ley, registrada por la formación liderada por Ione Belarra, busca abrir el debate en el Congreso sobre la revisión integral de la política de defensa exterior, en especial la cooperación militar entre España y Estados Unidos. La iniciativa plantea que el Ejecutivo comunique formalmente a la administración estadounidense la decisión de no prorrogar el acuerdo bilateral que ampara la presencia de militares estadounidenses en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

De acuerdo con Europa Press, el texto presentado motiva el cambio del sistema vigente, en tanto que Podemos considera el despliegue permanente de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en suelo español como una “cesión muy severa de soberanía”. El partido argumenta que esta situación implica que España se convierte en partícipe, de modo pasivo o activo, en todas las actuaciones del ejército estadounidense, sin un control efectivo sobre su espacio aéreo para actividades militares. La formación subraya la necesidad de reemplazar el acuerdo en vigor, reclamando mecanismos más estrictos para la concesión de permisos de vuelo y un modelo de cooperación que priorice la soberanía nacional y el control efectivo sobre el territorio y el espacio aéreo.

La proposición registrada también refiere la posibilidad legal de que el Gobierno español denuncie, es decir, ponga fin unilateralmente al convenio con Estados Unidos, según el marco legal actual recogido por Europa Press. En la propuesta, Podemos solicita que el Gobierno proceda a notificar a la administración de Donald Trump la no renovación del convenio, lo que supondría el final de la presencia de contingentes estadounidenses en las mencionadas bases andaluzas. Junto a ello, la propuesta establece que cualquier solicitud de sobrevuelo de aeronaves militares foráneas deba someterse a autorización especial y no a concesiones por períodos amplios, como permite el modelo actual.

Entre las justificaciones expuestas por Podemos, el medio Europa Press recoge la crítica histórica al uso de las bases españolas para actividades ajenas al control del Gobierno nacional. La formación sostiene que desde estas instalaciones podría haberse enviado material militar a Israel, incluso tras la imposición de un embargo debido a la situación en Gaza. A juicio del partido, la actual colaboración permite la utilización práctica de las bases y del espacio aéreo español sin garantías directas de que tales operaciones respondan a la política exterior establecida por España, lo que consideran un riesgo para la seguridad y la capacidad de decisión soberana.

La proposición de Podemos se enmarca en una tradición sostenida por otras fuerzas políticas de izquierda alternativa, como Izquierda Unida, que históricamente ha reivindicado el fin de la presencia militar extranjera y la defensa de la soberanía plena en materia de política de defensa. Europa Press detalló que la iniciativa exige además mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las actividades militares internacionales que impliquen recursos, infraestructuras o espacio aéreo español. El texto insiste en que la política exterior y de defensa no debe supeditarse a intereses estratégicos externos, refiriéndose explícitamente a los de los Estados Unidos y, en particular, a las prioridades de la administración Trump.

En distintas comparecencias públicas, Podemos ha reiterado su acusación de “subordinación” del Gobierno de Pedro Sánchez ante el Ejecutivo estadounidense, según publicó Europa Press. Con expresiones como “lamerle las botas” a la administración Trump, la formación deja claro el tono político de la ofensiva parlamentaria y la distancia respecto a la gestión actual de la política de defensa y relaciones bilaterales. Además, la propuesta busca implementar una cláusula que prohíba la concesión de permisos genéricos de sobrevuelo, sustituyéndolos por trámites específicos, con el objetivo de asegurar mayor control, fiscalización y adaptación del uso de las bases a los intereses nacionales.

El medio Europa Press reportó que, de prosperar esta proposición no de ley, el Gobierno estaría obligado a replantear por completo el modelo de cooperación militar con Washington, lo que incluiría la terminación o revisión profunda del acuerdo bilateral y el desarrollo de un protocolo más riguroso para la autorización de vuelos y operaciones extranjeras. Podemos subraya que la iniciativa no solo responde a una preocupación actual, sino que pretende sentar un precedente para la política exterior al futuro, garantizando que la participación de España en operaciones militares internacionales quede alineada solo con los intereses nacionales y bajo una supervisión efectiva de las autoridades españolas.

La organización política resalta la oportunidad actual de interrumpir la continuidad del convenio de defensa, al encontrarse todavía dentro de los plazos legales para denunciarlo. Según la información proporcionada por Europa Press, la intención es consolidar un marco de cooperación en defensa que evite la instrumentalización de las infraestructuras militares españolas al servicio de estrategias ajenas y permita ejercer la potestad propia del Estado para modificar o establecer las relaciones militares internacionales bajo criterios de control y soberanía.

El texto presentado en el Congreso, consigna el medio Europa Press, solicita de manera explícita que la política española en materia de defensa exterior sea debatida por los distintos grupos parlamentarios, forzando así un posicionamiento público sobre la presencia militar estadounidense y la futura dirección de la cooperación bilateral. La propuesta aspira a ampliar el espacio de deliberación parlamentaria e incrementar los controles sobre la toma de decisiones, enfocándose en el establecimiento de nuevas garantías jurídicas y administrativas para la autorización de actividades militares extranjeras en territorio español.