El presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la "persecución política"

La condición establecida por Jorge Franz García antes de considerar su nombramiento al frente del Ministerio de Justicia en Bolivia implicaba la desaparición completa de dicho organismo, al que juzgaba incompatible con un sistema democrático y con el respeto efectivo a los derechos ciudadanos. El reciente anuncio de supresión del Ministerio, hecho por el presidente Rodrigo Paz, responde tanto a esa exigencia como a una serie de disputas internas que se venían intensificando en la cúpula del Ejecutivo boliviano. De acuerdo con la información difundida por el medio original, la eliminación del Ministerio de Justicia busca garantizar la independencia judicial y sentar las bases para una transformación institucional que, según el propio mandatario, resulta imprescindible para restaurar la legitimidad democrática en Bolivia.

Tal como reportó la fuente, la reunión pública presidida por Rodrigo Paz se realizó en presencia de altos funcionarios y del propio Jorge Franz García, quien había advertido previamente que cualquier aceptación al cargo estaría condicionada a la supresión definitiva de la cartera judicial. Durante su alocución, el presidente Paz declaró: “Se acabó el ministerio de la persecución, se acabó el ministerio de la injusticia, (...) se acabó el ministerio que era de cómo chantajear a la sociedad desde el poder político. (...) No habrá más persecución política. El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas”, según recogió el mismo medio citado.

El anuncio se produce tras semanas en las que el Ministerio de Justicia estuvo en el centro de cuestionamientos y polémicas. La cartera atravesó una etapa de fuerte inestabilidad institucional reflejada en la rápida sucesión de sus titulares. Según detalló el medio, Freddy Vidovic, primer nombrado por Paz, fue destituido a los once días de asumir debido a que salió a la luz una condena penal previa, relacionada con su desempeño profesional en 2015, en la que se le impuso tres años de prisión. El reemplazo de Vidovic por Jorge Franz García, lejos de zanjar la crisis, alimentó los conflictos internos, principalmente cuando el vicepresidente Edmand Lara acusó públicamente a García de enfrentar causas judiciales por delitos de gravedad.

Jorge Franz García afirmó que ese señalamiento era producto de difamación y aseguró que recurriría a instancias legales en respuesta a las acusaciones provenientes del vicepresidente Lara. Este intercambio agravó un escenario marcado por las diferencias entre las máximas autoridades del Ejecutivo, según resaltó la fuente. Las tensiones internas y los episodios de descalificaciones públicas desencadenaron finalmente la decisión del presidente Rodrigo Paz de abolir la cartera de Justicia, medida que se convierte en la respuesta oficial frente a un proceso de deterioro y politización creciente del ministerio.

El medio enfatizó que la figura del Ministerio de Justicia había venido experimentando una progresiva politización en los últimos años. Los cargos directivos de la institución fueron objeto de controversia tanto por los antecedentes personales y jurídicos de sus titulares como por la percepción generalizada de que la dependencia era utilizada para ejercer presiones extra-políticas. En su explicación, Paz fundamentó la eliminación del organismo en la necesidad de fortalecer la independencia judicial, evitar el uso político de la justicia y evitar recurrencias a prácticas presuntamente asociadas a la "persecución política", acusaciones reiteradas por diferentes actores sociales y políticos en el país.

Según consignó el medio, en su intervención, Rodrigo Paz subrayó que la debilidad institucional de la justicia erosionaba la confianza ciudadana y amenazaba la legitimidad del sistema democrático. El mandatario manifestó la intención de colaborar con otras instituciones del Estado para reformar el sector judicial y construir bases sólidas para una democracia sostenible.

Recordó durante su anuncio que la supresión del ministerio responde a una promesa electoral asumida en su campaña, comprometiéndose a combatir el uso instrumental de la justicia con fines políticos y garantizar que ningún organismo estatal pueda emplearse para el hostigamiento a opositores o disidentes. Además, Paz aseguró que la erradicación del Ministerio de Justicia será de carácter permanente, buscando impedir la reproducción de esquemas vinculados al "terrorismo de Estado".

El medio, al profundizar en la cobertura, precisó que el Ejecutivo transmitió su disposición a impulsar transformaciones legislativas y reformas estructurales que orienten un nuevo sistema de justicia y refuercen la legitimidad democrática. La reforma afecta directamente la arquitectura institucional del gobierno, eliminando un organismo cuya existencia y operatividad habían sido ampliamente discutidas tanto por la sociedad civil como por sectores políticos.

La fuente enfatizó que la coyuntura actual no representa el único incentivo para la eliminación del ministerio; también responde a un debate prolongado dentro del país, en el que la dependencia había sido frecuentemente relacionada con controversias de fondo acerca del poder estatal sobre la administración de justicia. Las críticas históricas al Ministerio de Justicia coincidían en señalar la falta de autonomía del poder judicial frente al ejecutivo y la utilización de la justicia como mecanismo de presión política.

La cobertura recogió que la sociedad boliviana observa con expectativa los siguientes pasos que dará el Ejecutivo, especialmente en la perspectiva de reformas profundas en el sistema judicial. El proceso, abierto por la abolición del ministerio, se inscribe en el escenario de disputa interna y transformación institucional, con un componente de atención especial sobre la restauración de la confianza pública en la judicatura y el sistema democrático.

Los hechos recientes delinean un proceso político e institucional inédito, en el que la eliminación de un ministerio central constituye tanto el desenlace de una serie de desencuentros internos como un intento explícito de modificar el entramado del poder en el país. Según resaltó el medio, la reestructuración busca reparar una relación deteriorada entre el Estado y la ciudadanía, e implica el compromiso de asumir nuevas responsabilidades en el acompañamiento de una reforma judicial orientada hacia la equidad y la transparencia.