Un tribunal condena a muerte a la ex primera ministra Sheij Hasina por crímenes contra la humanidad

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh sentenció también a pena de muerte al exministro del Interior Asaduzaman Jan Kamal, considerando su responsabilidad en los mismos hechos, mientras que el ex inspector general de Policía, Choudri Abdulá al Mamun, recibió una condena de cinco años de prisión tras cooperar con el proceso judicial. La ex primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, recibió la condena a muerte por crímenes contra la humanidad como resultado directo de la represión ejercida durante las protestas de julio y agosto de 2024, donde murieron aproximadamente 1.400 personas. Según informó el diario bangladeshí The Daily Star, la decisión incluye la confiscación de los bienes de los condenados y responde a una ofensiva judicial que se intensificó tras el fin del mandato de Hasina, quien se encuentra actualmente en la India.

De acuerdo con The Daily Star, el tribunal delineó que la sentencia de Hasina surge tras demostrar el papel central que ocupó en las órdenes de represión contra manifestantes durante los meses que desencadenaron su destitución después de ocupar el cargo durante quince años. Las manifestaciones, que se originaron en rechazo a un sistema de cuotas reservado para familiares de veteranos de guerra, derivaron en una respuesta violenta de las autoridades y en una serie de acusaciones de severas violaciones a los derechos humanos.

La corte, creada en 2009 con el objetivo de investigar y juzgar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, evaluó también la conducta de otros altos funcionarios. Según detalló The Daily Star, el fallo subraya que el exinspector general Choudri Abdulá al Mamun, al colaborar con la justicia, recibió una pena sustancialmente menor en comparación con los otros dos acusados de mayor rango. Respecto a Asaduzaman Jan Kamal, quien se encuentra igualmente fuera del país, la sentencia incluye la confiscación de sus propiedades, siguiendo la petición fiscal de destinar estos activos a resarcir a las víctimas.

La ex primera ministra no solo enfrenta la condena por la represión de las protestas de 2024; la corte señaló que Hasina tiene pendientes otros tres procesos judiciales ante el mismo tribunal. Dos de estos casos se relacionan con desapariciones forzadas y un tercero remite a la represión de manifestaciones en 2013, extendiendo su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos desde hace más de una década. La huida de Hasina a la India y el estatus de prófuga tanto de ella como del exministro del Interior Asaduzaman dificultan la ejecución inmediata de las sentencias, señaló el medio local.

The Daily Star reportó también que, previo a esta sentencia, la ex primera ministra ya había sido objeto de condena: a principios de julio, Hasina recibió una pena de seis meses de prisión por desacato como consecuencia de su imputación por crímenes contra la humanidad vinculados con la gestión violenta de las protestas. Esta secuencia de resoluciones refuerza el escrutinio legal que enfrenta y resalta el alcance judicial en Bangladesh tras las protestas que precipitaron el final de su gobierno de quince años.

El sistema de cuotas que motivó la movilización social asignaba más de la mitad de los cargos públicos a familiares de los veteranos de la guerra, hecho que alimentó el malestar en distintos sectores que veían vulnerados principios de igualdad y acceso al empleo público. Las protestas resultaron en una intervención masiva de las fuerzas de seguridad y técnicas represivas, aspectos evaluados por la corte como constitutivos de crímenes contra la humanidad.

La Fiscalía manifestó, según lo reseñado por The Daily Star, que los bienes incautados a los responsables deberían destinarse al resarcimiento de las víctimas y sus familias, en línea con las demandas de reparación presentadas por las partes afectadas. El impacto jurídico y social de la sentencia representa uno de los episodios más relevantes en la trayectoria reciente del país en materia de rendición de cuentas por abusos graves desde las instituciones estatales.

La Corte Internacional de Crímenes de Bangladesh, establecida hace quince años para enjuiciar crímenes mayores de índole internacional, concentró en este proceso la atención nacional e internacional debido al alto perfil de la exmandataria y el volumen de víctimas registrado en las protestas de 2024. Según el medio bangladeshí, la estructura del tribunal y su funcionamiento se orientan a la sanción y disuasión de futuras transgresiones en el ámbito gubernamental.

El caso iniciado tras las protestas se suma así a otros expedientes que agravan el contexto legal para la ex jefa de gobierno y parte de su gabinete. Tanto la sentencia a pena de muerte de Hasina y Asaduzaman Jan Kamal como la prisión para Choudri Abdulá al Mamun y la confiscación de bienes reflejan la amplitud de las medidas adoptadas. Los diferentes aspectos procesales, desde la solicitud fiscal de reparar a las víctimas hasta la extensión de las condenas, demuestran el alcance de la investigación judicial en los hechos de violencia estatal que marcaron el año 2024, consignó The Daily Star.