La oposición israelí denuncia intentos de Netanyahu para intoxicar una investigación interna del 7-O

El ex primer ministro y actual líder opositor israelí, Yair Lapid, sostuvo que “la negativa del gobierno a investigar sus fallos pone en peligro la seguridad nacional, constituye un insulto y es una evasión de responsabilidad hacia los soldados y las familias que se han sacrificado tanto desde el 7 de octubre”. Según informaron los principales medios nacionales de Israel, el desencadenante de estas declaraciones fue el anuncio sobre los planes del primer ministro Benjamín Netanyahu de crear un panel ministerial especial que tendrá la tarea de determinar el mandato de una futura comisión encargada de investigar los errores en la reacción israelí ante el ataque de fuerzas palestinas el 7 de octubre de 2023. Los opositores acusan al gobierno de tratar de condicionar y limitar el alcance de esta pesquisa.

De acuerdo con lo que publicó la prensa israelí y replicó el medio original, la iniciativa de Netanyahu consta de dos etapas: en primer término, la conformación de un panel compuesto por ministros cuya función será definir “los temas y plazos que se investigarán”, con un plazo de 45 días para presentar sus recomendaciones al gabinete. A continuación, la segunda etapa contempla la creación de la propia comisión de investigación, la cual —según indicaron fuentes gubernamentales citadas por los medios— tendrá “plena autoridad” para indagar los hechos, y se afirmará que sus integrantes se decidirán con “la aprobación pública más amplia posible”. Lapid y otros líderes opositores consideran, sin embargo, que el hecho de que un grupo de ministros controle las atribuciones y el alcance de la investigación representa un conflicto de interés y pone en riesgo la objetividad de las conclusiones que pueda emitir la futura comisión.

A juicio de Lapid, la estrategia del Ejecutivo busca en último término impedir un verdadero escrutinio sobre las causas y responsabilidades de las fallas ocurridas durante el ataque de octubre. El líder de la oposición recalcó que “el gobierno está haciendo todo lo posible por escapar de la verdad y evadir su responsabilidad”, postura que según él, contradice las demandas de la sociedad israelí, que exigiría el establecimiento de una “comisión estatal” dotada de autonomía real. Según consignan los medios israelíes, Lapid subrayó que una instancia así es “lo que el país necesita, lo que exige la ciudadanía y lo que sucederá”.

Junto a Lapid, Yair Golan, al frente del partido Los Demócratas, también expresó su desacuerdo con el mecanismo previsto por el gobierno para gestionar la indagatoria. En un mensaje difundido en sus redes sociales y citado por los medios, Golan afirmó que “quien es investigado no nombra a sus propios investigadores”, explicitando de este modo la crítica a que miembros del propio gobierno sean quienes delimiten el marco y los responsables de la pesquisa. Golan manifestó también su compromiso para luchar por la conformación de una comisión “con verdadera independencia y sin restricciones”, según publicó la prensa israelí.

Según detallaron las informaciones aparecidas el mismo domingo en varios medios nacionales, los planes de Netanyahu fueron difundidos de modo simultáneo, desatando rápidamente la reacción de los principales adversarios políticos del actual Ejecutivo. La divulgación del posible procedimiento planteado por el primer ministro también acentuó las demandas de una mayor transparencia y garantías de imparcialidad en la investigación sobre los acontecimientos del 7 de octubre, fecha que marcó el ataque de las milicias palestinas y que expuso vulnerabilidades en la seguridad nacional israelí.

El debate sobre el carácter de la comisión y su grado de independencia se instala en un contexto en el que la opinión pública y diversas organizaciones civiles han insistido en la importancia de esclarecer de manera exhaustiva los hechos que rodearon la respuesta gubernamental en aquel episodio. Según consignó el medio original, los opositores consideran que solamente una comisión con autorización para investigar con libertad y sin supervisión directa del gobierno sería aceptable para la ciudadanía afectada.

El gobierno, por su parte, defiende su procedimiento argumentando que la futura comisión contará con autoridad plena y que la selección de sus integrantes buscará satisfacer “la aprobación pública más amplia posible”, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la prensa israelí. Esta postura intenta contrarrestar la percepción de un proceso controlado desde el gabinete y de posibles intentos por limitar la profundidad de la indagatoria.

La reacción de Lapid y de Golan evidencia la tensión dentro de la dirigencia política israelí sobre cómo abordar las consecuencias de la fallida respuesta gubernamental ante el ataque de octubre de 2023. A la espera de la constitución del panel ministerial encargado de definir el mandato de la futura comisión, continúan abiertos los cuestionamientos sobre la transparencia y la disposición del gobierno a someterse a un verdadero proceso de rendición de cuentas, según subrayó la prensa nacional de Israel.