
Isaac Villar, portavoz de la familia, expresó que sus allegados confían plenamente en que la Junta de Andalucía actuará con total firmeza en la decisión que deba adoptar la comisión de conciliación respecto a la sanción administrativa que reclaman. Según declaraciones recogidas por los medios, Villar afirmó que para los familiares de Sandra Peña no existe otra opción que no sea la aplicación de la sanción más alta, ya que consideran que los errores cometidos en el centro escolar propiciaron la decisión de la joven de acabar con su vida. En este contexto, el foco de la comparecencia ante la Fiscalía de Menores de Sevilla recae en la exigencia de una respuesta contundente y ejemplar para el colegio Irladensas de Loreto, donde estudiaba Sandra. Así consta en la información publicada por el medio de comunicación.
Tal como publicó la fuente, los padres de la menor comparecerán este miércoles ante la Fiscalía en calidad de testigos perjudicados. La familia señala que acude a la declaración con el objetivo de aportar la verdad, aunque destacan el malestar por tener que revivir episodios dolorosos relacionados con la muerte de Sandra. En declaraciones previas, Villar manifestó que sus familiares sienten el respaldo constante de la Junta de Andalucía, la Consejería de Desarrollo Formativo y Formación Profesional, y de manera especial del Defensor del Pueblo, quienes han brindado acompañamiento durante todo el proceso posterior al fallecimiento de la joven.
El medio detalló que la solicitud de una sanción para el centro educativo responde a la determinación de la familia por evitar la repetición de situaciones similares en otros colegios. El portavoz familiar insistió en que la única manera de prevenir hechos de la misma naturaleza es que la respuesta de las autoridades sea lo suficientemente severa como para que ningún centro escolar ignore las denuncias de acoso escolar presentadas por las familias.
Según consignó la fuente, la investigación policial permanece en curso tras la remisión del informe sobre acoso escolar elaborado por la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores. Dicho informe recoge los hechos supuestamente sufridos por Sandra en el colegio donde estudiaba. El Ministerio Público mantiene dos expedientes abiertos para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor. El primero de estos procedimientos, catalogado como expediente de reforma juvenil, investiga la posible implicación de varias menores en los hechos. Por su parte, el segundo expediente, de carácter supervisión, pretende analizar las actuaciones del personal directivo del centro educativo y depurar eventuales responsabilidades institucionales.
De acuerdo con las declaraciones del portavoz recogidas por el medio, la familia mantiene el propósito de su lucha para que lo ocurrido con Sandra no se repita e insisten en que el colegio debe recibir una sanción ejemplarizante. La comparecencia de los padres ante la Fiscalía representa para ellos un paso necesario en el proceso judicial que buscan tenga consecuencias para la institución educativa implicada.
A lo largo del proceso, los familiares han expresado su preocupación por la respuesta del centro ante las situaciones de acoso denunciadas. Afirman que la falta de intervención adecuada contribuyó al desenlace trágico del caso, motivo por el que solicitan que la sanción administrativa sea la más severa de las opciones contempladas, señalando que de no ser así, consideran que no se estarán adoptando las medidas necesarias para proteger a los estudiantes en situaciones similares.
El medio también informó que las autoridades de la Junta de Andalucía y otros organismos implicados continúan acompañando a la familia y participando de los procedimientos establecidos para determinar las responsabilidades tanto individuales como institucionales en los hechos relacionados con la muerte de Sandra Peña.
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