La Justicia de República Centroafricana ha condenado este martes a diez años de trabajos forzados y al pago de una multa de 50 millones de francos centroafricanos (algo más de 76.000 euros) al ciudadano lusobelga Joseph Figueira Martin, un trabajador de la ONG estadounidense Family Health International 360 (FHI 360) considerado un "espía" por las autoridades centroafricanas.
El Tribunal de Apelación de Bangui, la capital del país, ha emitido de esta forma su dictamen tras un juicio que ha durado seis días y que ha condenado por los delitos de asociación delictiva y atentado contra la seguridad del Estado a Martin, imputado también por conspiración contra el Estado, espionaje, incitación al odio y a la revuelta contra las instituciones, complicidad en el menoscabo de la seguridad interna del Estado e intento de desestabilización del Gobierno, según ha recogido el portal centroafricano de noticias Ndjoni Sango.
La defensa del lusobelga ha impugnado el procedimiento y las circunstancias de la detención, mientras que el hermano del reo, Georges, ha comunicado al diario portugués 'Público' que su abogado recurrirá este miércoles la sentencia, lamentando asimismo que el tribunal no haya aceptado las cartas de FHI 360, de antiguos empleadores y de compañeros arguyendo que "los remitentes no residen en República Centroafricana".
La detención del cooperante tuvo lugar el 26 de mayo de 2024, cuando trabajaba como consultor para FHI 360 para apoyar el diseño de un proyecto enfocado en mitigar la pobreza, fomentar las oportunidades económicas y prevenir la violencia de género en el país, según indicó la propia organización dos meses más tarde en un comunicado en el que denunciaba que las acusaciones "no se corresponden con los hechos que rodean su visita ni con el trabajo de FHI 360".
Un año después del arresto de Martin, la organización sin ánimo de lucro denunció el deterioro de su salud, así como que los cargos en su contra "tergiversan el propósito de su trabajo y contradicen radicalmente los principios humanitarios que guiaron su misión".
LA EUROCÁMARA ACUSÓ AL GRUPO WAGNER DE SECUESTRAR A MARTIN
Si bien FHI 360 no apuntó en estos dos comunicados a las fuerzas que ejecutaron la detención, la ONG Human Rights Watch señaló este verano a "fuerzas rusas", mientras que el Parlamento Europeo, en el mismo mes de julio, emitió una resolución "sobre la detención arbitraria y tortura" del lusobelga en la que denunció que "fue secuestrado (...) por el Grupo Wagner y posteriormente entregado a las autoridades de República Centroafricana".
"República Centroafricana presentó cargos contra él sobre la base de acusaciones infundadas; (...) fue retenido en la Oficina Central para la Represión del Bandidaje de Bangui en régimen de aislamiento y fue torturado y amenazado de muerte; ha permanecido más de un año recluido en condiciones inhumanas y sin haber sido juzgado, y no se ha respondido a una solicitud de puesta en libertad condicional, en contravención del Derecho penal de República Centroafricana", reza el documento de la Eurocámara, que alude también al deterioro "drástico" de la salud de Martin.
Asimismo, el Parlamento Europeo denunció entonces la presencia de "grupos armados" que han llevado a cabo detenciones "ilegales y arbitrarias" en el país africano, afirmando que éste "se ve gravemente afectado por las campañas de desinformación de Rusia y alberga uno de los mayores contingentes de mercenarios del Grupo Wagner". En este contexto, la institución enmarcó el caso de Martin dentro de "un patrón más amplio de desinformación y retórica antioccidental fomentada (...) por agentes vinculados" a Moscú.
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