El Senado de México ha aprobado este miércoles la nueva Ley Orgánica de la Armada de México que otorga a la fuerza naval competencias para participar en labores de ciberseguridad, de aduanas y de guardia costera, incluidos los derechos de visita y persecución de embarcaciones extranjeras.
Aprobada con 72 votos a favor de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, el texto incluye la participación de la Armada en la seguridad de aduanas marítimas y del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, según ha recogido el portal de noticias Animal Político.
La resolución, que busca armonizar las atribuciones de la Armada, formaliza la participación de este cuerpo junto a la Guardia Nacional en tareas contra el tráfico de drogas, hidrocarburos, armas y personas, además de delitos graves, como feminicidios, secuestros y extorsiones.
Asimismo, crea un nivel intermedio entre altos mandos y fuerzas operativas y sustituye al Estado Mayor General de la Armada por la Jefatura de Operaciones Navales, mientras que establece la igualdad de género al recoger que "el personal de la Armada de México, de acuerdo con su jerarquía, podrán ejercer la Comandancia de cualquier nivel de mando (...) sin distinción de género".
EL PRI Y EL MOVIMIENTO CIUDADANO ACUSAN UNA MILITARIZACIÓN
En el marco del debate parlamentario, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, ha asegurado que "no se trata de militarizar, sino de proteger con disciplina y eficiencia y transparencia". "Esta ley no amplía el poder de las armas, sino el poder de la ley y del Estado mexicano sobre sus mares, su ciberespacio y su futuro", ha justificado.
No obstante, la senadora del Partido Acción Nacional, Gerardina Campuzano, ha denunciado que la ley busca "domesticar" a la Armada. "Crean una Jefatura de Operaciones Navales que no es por mérito, es por 'dedazo' presidencial, concentrando el mando estratégico en una sola persona, sin contrapesos", ha lamentado, aseverando que "eso no es profesionalización, es sumisión vestida de obediencia". "Secuestraron su voz para imponer la de un partido", ha manifestado.
Así las cosas, las críticas han llegado también en otra dirección, la de Movimiento Ciudadano, cuya senadora Alejandra Barrales ha lamentado la atribución de funciones civiles a cargos militares. "El 90 por ciento de lo articulado es idéntico a la ley vigente", ha afirmado, agregando que ello "demuestra que no se trata de modernización, sino que solo se busca justificar una mayor intervención militar".
También la representante del Partido Revolucionario Institucional Carolina Viggiano ha apuntado en el mismo sentido, señalando que "lo que esta ley busca es consolidar el dominio militar sobre funciones civiles, puertos, aduanas, vigilancia marítima, tareas de policía".
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