
Durante una conversación telefónica, Rodrigo Paz expresó a Nayib Bukele su expectativa de recibir una importante delegación de El Salvador durante su ceremonia de investidura, anticipando que el acto oficial reunirá mandatarios y agregados comerciales de unos veinte países, según declaraciones recogidas por 'El Deber'. El evento se celebrará el próximo 8 de noviembre en La Paz, y el propio Partido Demócrata Cristiano, liderado por Paz, confirmó que la cita reviste un carácter estrictamente protocolar, aunque la atención del sector boliviano también se centra en la presencia de representantes comerciales extranjeros.
Según informó 'El Deber', el contacto entre el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, fue aprovechado por Paz para solicitar asesoramiento sobre políticas penitenciarias. Paz afirmó que durante la llamada pidió ayuda explícita en materia de infraestructura carcelaria, comentando: “Le dije ‘ayúdame con las cárceles que vamos a necesitar muchas acá’”, frase que compartió en una entrevista concedida a Bolivisión y citada por 'El Deber'. Paz describió su impresión respecto a Bukele como una persona “muy simpática, muy franca, muy directa”, resaltando el componente personal de su interacción telefónica.
Sobre la magnitud del acto que marcará su asunción el 8 de noviembre, Paz señaló que espera la participación de una relevante delegación de El Salvador. La diputada Catherine Pinto, perteneciente al Partido Demócrata Cristiano, detalló al portal Urgente que además de los mandatarios y cancilleres, se prevé la presencia de agregados comerciales provenientes de veinte naciones, subrayando el valor estratégico que esto representa para la economía boliviana.
El medio 'El Deber' reportó además el contexto en el que se da este pedido de cooperación: el modelo carcelario de El Salvador ha recibido críticas crecientes en foros internacionales. De acuerdo con denuncias de Amnistía Internacional, el sistema penitenciario promovido por Bukele se caracteriza por condiciones de incomunicación prolongada, hacinamiento severo y carencias en servicios médicos, exponiendo a los internos a riesgos de tortura y trato inhumano. La organización expuso que estas prácticas constituyen una estrategia deliberada para amedrentar tanto a los reclusos como a sus comunidades de origen. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó: “La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan”. Agregó, además, su preocupación por un “espacio cívico cada vez más asfixiado”.
El enfoque en infraestructura penitenciaria, según las declaraciones difundidas por 'El Deber', se inscribe en un contexto más amplio en el que la agenda de seguridad y la gestión penitenciaria ocupan un lugar destacado. Si bien Paz valoró la asesoría de Bukele en este ámbito, la referencia explícita al modelo salvadoreño coincide con un periodo en el que organizaciones internacionales han manifestado inquietudes sobre la compatibilidad de este sistema con derechos humanos reconocidos internacionalmente.
La relevancia internacional que está cobrando la toma de posesión de Paz se refleja en la atención de gobiernos y actores comerciales de la región. 'El Deber' consignó que el Partido Demócrata Cristiano confirmó la asistencia de numerosos delegados extranjeros, lo que podría traducirse en oportunidades para el fortalecimiento de las relaciones exteriores de Bolivia. La diputada Catherine Pinto puso especial énfasis en la llegada de agregados comerciales, señalando que este componente institucional del acto resulta especialmente relevante para el desarrollo económico nacional.
Mientras tanto, la conversación entre Paz y Bukele ha generado nuevo debate interno y externo sobre las políticas que el gobierno entrante podría implementar en materia penitenciaria. De acuerdo con 'El Deber', el pedido de ayuda en “infraestructura carcelaria” se produce justo cuando la experiencia de El Salvador se encuentra bajo escrutinio por parte de agrupaciones defensoras de derechos fundamentales. Amnistía Internacional mantiene que las condiciones carcelarias adoptadas en ese país forma parte de una política destinada a establecer un ambiente de temor generalizado y socavar el tejido social cuyos miembros se encuentran detenidos.
El propio contexto en el que se produce la consulta de Paz a Bukele refleja cómo los modelos de gestión penitenciaria latinoamericanos se han convertido en tema de interés y preocupación en la región, sobre todo cuando estos modelos tienen repercusiones políticas y sociales más allá de las fronteras nacionales. Según recopiló 'El Deber', el acto del 8 de noviembre será seguido de cerca por la comunidad internacional, no solo por la composición de las delegaciones asistentes, sino también por el interés que despiertan las políticas de seguridad anunciadas por el nuevo mandatario boliviano.