El Parlamento de Canarias pide catalogar la obesidad como una enfermedad crónica en el SNS

La obesidad está vinculada a desigualdades sociales y representa una carga significativa para el sistema sanitario y el tejido productivo en Canarias, donde los índices de la enfermedad superan la media nacional. El Parlamento de Canarias ha acordado una Proposición No de Ley que solicita incorporar la obesidad como enfermedad crónica en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, así como adoptar medidas para financiar tratamientos farmacológicos dirigidos a esta patología. Esta decisión parlamentaria también plantea la implementación de un plan nacional integral que impulse la detección temprana y soluciones integrales, prestando especial atención a la infancia. Según informó el medio, la decisión parlamentaria obtuvo 54 votos favorables y solo 3 abstenciones por parte del Grupo Mixto, Vox.

Según publicó la fuente, la diputada Raquel Noemi, en representación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), subrayó que la obesidad afecta a un 23,1% de los adultos en el archipiélago y a un 35,5% de los menores, cifras que sitúan a la comunidad como la segunda con peores registros de todo el país. Noemi destacó que esta enfermedad conlleva un incremento promedio del 20% en los gastos sanitarios, estimándose para España en torno a 2.800 millones de euros anuales. En su intervención, la diputada insistió en que existen costes indirectos relevantes como el absentismo laboral, la incapacidad y la reducción de la productividad.

El acuerdo aprobado, según detalló el medio, impulsa clasificar la obesidad como enfermedad crónica para evitar que se le siga asociando solo a cuestiones estéticas. De esta forma, se busca garantizar el acceso a los tratamientos disponibles, pues los medicamentos contra la obesidad suelen ser inasequibles para muchas personas. Desde NC-BC se propuso además instar al Estado a la elaboración de un plan integral que priorice tanto el abordaje como la detección precoz de la enfermedad, incorporando un enfoque que considere las desigualdades de género y clase social.

El debate político incluyó aportaciones de distintos partidos. El diputado de Vox, desde el Grupo Mixto, propuso extender las solicitudes al Gobierno regional para que refuerce sus propios compromisos, reconociendo el impacto económico y laboral de la obesidad, así como la necesidad de promover hábitos saludables en el entorno familiar e infantil. Galván, en representación de Vox, abogó por fomentar la dieta mediterránea y respaldar al sector primario local, al tiempo que solicitó campañas educativas que involucren tanto al Estado como al Gobierno de Canarias para favorecer mejores hábitos alimentarios entre la población más joven.

Desde Coalición Canaria, Vidina Espino advirtió que la preocupación por la obesidad se mantiene creciente, e hizo referencia a la reciente aprobación del proceso asistencial integrado del sobrepeso y la obesidad por parte del Servicio Canario de Salud. Este documento, caracterizado como pionero en el territorio estatal, contempla un tratamiento integral para una enfermedad definida como crónica. Espino solicitó al Gobierno central que incremente los recursos destinados a combatir la obesidad y que la reconozca formalmente como enfermedad crónica en el sistema nacional, argumentando que las elevadas tasas en Canarias exigen una respuesta proporcionada y colaborativa, con asignaciones presupuestarias ajustadas a la magnitud del problema.

El Partido Popular, representado por David Morales, apuntó a la necesidad de evitar que las medidas adoptadas puedan derivar en estigmatización social, recomendando separar el debate sobre la obesidad del impacto en la productividad laboral. Morales defendió la continuidad de los programas autonómicos que ofrecen un enfoque integral, entre los que destaca el sistema público de prescripción de actividad y ejercicio físico para la ciudadanía canaria.

Desde la Agrupación Socialista Gomera, Mendoza subrayó el reto social que implica responder a la obesidad, calificando el asunto como un problema complejo que requiere pasos efectivos para mejorar los indicadores y superar la etapa únicamente propositiva en la aprobación de iniciativas parlamentarias.

El PSOE, por su parte, enfatizó la dimensión social del problema. Pérez del Pino llamó la atención sobre la concentración de la obesidad en barrios marcados por mayor pobreza, precariedad y exclusión, factores que afectan a familias desfavorecidas golpeadas por problemas de inseguridad alimentaria, carencia de recursos económicos y educativos, y dificultad de acceso a una vivienda digna. El diputado socialista criticó la normativa regional relativa al uso turístico de la vivienda, señalando que aproximadamente 32.000 unidades habitacionales han sido apartadas del mercado residencial, lo que, según reportó el medio, podría agravar la vulnerabilidad de la población afectada por la obesidad. Pérez del Pino consideró prioritario reforzar la atención primaria y realizar evaluaciones continuas del impacto de las medidas, reclamando mayor dotación presupuestaria a las propuestas de la Coalición Canaria.

A lo largo del debate, la fuente consignó que todas las formaciones convergieron en la urgencia de nuevas políticas públicas frente a un problema que trasciende la esfera sanitaria e impacta en el ámbito social y laboral, con especial repercusión en los sectores más desfavorecidos y en la población infantil. La sesión concluyó con el respaldo mayoritario a la propuesta que apuesta por modificar el abordaje sobre la obesidad en el sistema nacional, habilitando la cobertura de tratamientos farmacológicos y la puesta en marcha de estrategias de prevención, detección y actuación multidimensional, según informó la publicación.