El Ministerio de Exteriores de Sudán concedió un plazo de 72 horas para que Laurent Bukera, director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el país, y Samantha Chattaraj, coordinadora de emergencias del mismo organismo, abandonen el territorio sudanés. El Ejecutivo sudanés los declaró personas “non gratas”, sin especificar los motivos de esta medida, en un contexto marcado por la persistente emergencia humanitaria generada por el conflicto armado interno. Según informó la agencia de noticias SUNA, la medida se anunció este martes, en medio de una situación que ha suscitado inquietud entre agencias internacionales y la comunidad humanitaria.
El Ministerio de Exteriores aseguró, según reportó SUNA, que la decisión no afecta la cooperación en curso entre las autoridades y el Programa Mundial de Alimentos, ni con el resto de organismos de Naciones Unidas. En su comunicado, la cartera diplomática expresó: “El Gobierno de Sudán afirma su pleno compromiso de cooperar con todas las organizaciones internacionales que operan en Sudán de conformidad con las leyes y reglamentos internacionalmente reconocidos, incluido el respeto de la soberanía a los estados”.
De acuerdo con la información difundida por la agencia sudanesa, las autoridades han mantenido la postura de colaboración con el resto de los organismos humanitarios presentes en suelo sudanés, a pesar de las expulsiones de estos altos cargos del PMA. El Gobierno no brindó explicaciones sobre las causas concretas que motivaron la expulsión de Bukera ni de Chattaraj.
Esta medida se produce cuando la población sudanesa enfrenta una de las crisis humanitarias más severas a escala global. El conflicto entre el Ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha desplazado a millones de personas y ha provocado que cientos de miles requieran ayuda humanitaria urgente. El medio SUNA consignó que la situación ha resultado en la propagación de enfermedades y el deterioro de infraestructuras esenciales, factores que limitan la capacidad de asistencia en diferentes regiones del país.
El estallido de la guerra civil en abril de 2023 se remonta a las profundas diferencias respecto a la integración del grupo paramilitar RSF dentro de las Fuerzas Armadas. Estas discrepancias provocaron la ruptura del proceso de transición iniciado tras el derrocamiento en 2019 del expresidente Omar Hasán al Bashir. Dicha transición había sufrido ya varios reveses, especialmente tras el golpe de Estado que derrocó al entonces primer ministro Abdalá Hamdok.
La escena política y militar sudanesa ha registrado la injerencia de diversos actores foráneos que prestan apoyo a las partes enfrentadas, contribuyendo a la complejidad del conflicto. Según constata el medio, esta coyuntura ha impedido una respuesta coordinada ante la emergencia, exacerbando la crisis y dificultando la vida cotidiana de la población.
En referencia al historial de tensiones entre el Gobierno y organizaciones internacionales, el Ejecutivo sudanés ya había declarado persona ‘non grata’ al enviado especial de la ONU, Volker Perthes, en junio de 2023, acusándolo de alimentar el conflicto interno. Ahora, la expulsión de los responsables del Programa Mundial de Alimentos se suma a una cadena de incidentes que afectan la capacidad de las agencias de ayuda internacional para operar con normalidad en el país africano.
El conflicto, sumado a la propagación de enfermedades y la destrucción de infraestructuras tanto sanitarias como de servicios básicos, ha elevado la alarma global. De acuerdo con los reportes de SUNA, los desplazamientos masivos y el acceso restringido a la atención básica continúan dificultando la intervención de organismos como el PMA para socorrer a los grupos más vulnerables de Sudán.
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