
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha dicho que comparte al "cien por cien" la idea del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, de que la crisis de la vivienda será lo que acabe derribando al Gobierno de Pedro Sánchez.
Rufián viene avisando al Gobierno desde hace tiempo de que la falta de respuesta del Ejecutivo ante las dificultades de la gente para acceder a una vivienda o para costear un alquiler es algo que puede acabar derrocando al Gobierno, y Juan Bravo ha dicho que lo comparte "cien por cien" porque España vive en una situación de "emergencia".
El diputado del PP ha apuntado como principal problema la falta de oferta en el mercado, y ha concretado que España necesita al menos 720.000 viviendas para ajustarse a la demanda y sin embargo sólo se han construido 85.000. "Hay que aumentar la oferta, hay que construir", ha aseverado Bravo en declaraciones a Parlamento, de RNE, recogidas por Europa Press.
Asimismo, el dirigente 'popular' ha remarcado la importancia de simplificar y reducir los trámites en la construcción de viviendas, impulsar el despliegue de suelo para implantarlas, dar seguridad jurídica frente a casos de ocupación de inmuebles y eliminar la intervención estatal en los precios.
INTERVENIR PRECIOS GENERA EFECTOS PERJUDICIALES
Sobre la intervención de precios para congelar o bajar los alquileres, Juan Bravo ha asegurado que sólo genera efectos perjudiciales en el mercado. Algunos ejemplos que ha expuesto han sido Barcelona o Berlín. "Nosotros no compartimos el intervencionismo, no es la solución, no lo ha sido nunca", ha apostillado.
A renglón seguido, el vicesecretario ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha un "gran plan" para buscar soluciones entre todas las instituciones públicas y el sector privado y no recurrir a "fórmulas mágicas" con las que solventar los problemas. "Los problemas complejos nunca tienen soluciones mágicas, tienen que soluciones que acompañan mucho trabajo", ha especificado.
Juan Bravo también se ha presentado sobre la intención de su partido de personarse en el Tribunal Constitucional por incumplir el Gobierno su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado, recogida en el artículo 134 de la Carta Magna.
INCUMPLIMIENTO CONSTITUCIONAL CON LOS PRESUPUESTOS
En opinión del dirigente, el Gobierno lleva incumpliendo este precepto desde 2023, fecha última en la que el Ejecutivo aprobó sus últimas cuentas públicas y que son las que se han venido prorrogando hasta la fecha. "El incumplimiento de la Constitución tiene que tener consecuencias, no puede quedar libre", ha indicado.
Sobre la intención anunciada por el Gobierno de presentar los Presupuestos de 2026 en próximas fechas, Juan Bravo ha comentado que es algo que el Ejecutivo ya ha dicho "muchas veces" y el proyecto nunca ha desembarcado en la Cámara Baja.
Bravo ha agregado a su tesis una advertencia sobre el perjuicio que implica no tener Presupuestos, puesto que es la ley donde viene recogida la expresión "cifrada, conjunta y sistemática" de la política económica de un país y sirve para orientarla. "Eso es malo para el país. Eso es muy malo. Hay muchas partidas que se quedan congeladas por ese motivo y son menos capacidades para nuestro país", ha enfatizado el diputado.
El vicesecretario de Hacienda ha apuntado que una de las partidas que se quedan congeladas ante la ausencia de cuentas públicas son las inversiones. Este escenario, ha explicado Bravo, se complicará porque en 2026 se acaban los fondos europeos 'Next Generation'.
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