La unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Madagascar que se ha erigido en máximo mando del país ha anunciado la creación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), en una primera batería de medidas que contemplan también la anulación de la Constitución de 2010 y la suspensión de varias instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Senado.
El coronel Michael Randrianirina, jefe del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), ha declarado que esta unidad asumirá sus responsabilidades ante la "ausencia" del presidente, Andry Rajoelina, quien dijo el lunes estar en un "lugar seguro" tras denunciar un intento de golpe de Estado militar en plena ola de protestas.
Randrianirina, que el sábado anunció que respaldaba los llamamientos de los manifestantes y la formación de "una nueva fuente de mando militar", ha intervenido en una jornada marcada por el caos político en la que Rajoelina ha publicado un decreto para disolver la Asamblea Nacional y este órgano legislativo ha respondido aprobando por amplia mayoría el cese del presidente.
En este nuevo escenario, el autoproclamado CDNT se ha comprometido a dirigir el país durante un periodo de transición de hasta dos años, según las medidas recogidas por el periódico malgache 'Midi Madagasikara'. La actual Asamblea Nacional seguiría en funciones, junto a un Alto Tribunal para la Renovación que se arrogaría las competencias judiciales.
Randrianirina ha esgrimido que el objetivo es "volver a la legalidad republicana" y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones mediante un nuevo referéndum constitucional y la celebración de elecciones generales al término de esa supuesta transición.
A pesar de que ha anunciado la disolución del Tribunal Constitucional, esta institución ha declarado vacantes los cargos de presidente del país y del Senado, y ha confiado provisionalmente el ejercicio de las funciones de jefe de Estado a Randrianirina. En su fallo, ha declarado que el actual gobierno no puede asumir funciones presidenciales y ha instado a la autoridad militar competente a garantizar la continuidad del Estado.
Asimismo, ha reiterado que, de conformidad con la Constitución, la organización de elecciones presidenciales debe tener lugar dentro de los 60 días siguientes a la declaración de la vacante, estando prohibida la disolución de las instituciones por parte de la autoridad "de suplencia".
LA PRESIDENCIA CONDENA "LA DECLARACIÓN ILEGAL"
Por su parte, la oficina de Rajoelina, que ha asegurado que el presidente "permanece en pleno ejercicio de sus funciones" y se compromete a mantener el orden constitucional y la estabilidad del país, ha condenado "enérgicamente la declaración ilegal hecha por una facción de rebeldes militares de la CAPSAT, que irrumpieron por la fuerza" en el Palacio Presidencial tras haber anunciado previamente que tomarían el poder militarmente.
"La presencia de fuerzas militares armadas frente al Palacio Presidencial constituye un claro intento golpe de Estado y un grave atentado contra la legalidad republicana. (...) Madagascar es un Estado de derecho, regido por la Constitución. Estos actos constituyen una flagrante violación de la constitución, de los principios democráticos y del juramento de cada soldado de proteger a la nación y las legítimas instituciones", reza un comunicado.
Así, ha considerado que este "intento de derrocar el orden constitucional" --coincidiendo con en el día del aniversario de la República de Madagascar-- constituye "un ataque directo contra la propia República, sus fundadores y la soberanía del pueblo malgache". "Nos solidarizamos con toda la población que vive un momento de terror, conscientes de todas las consecuencias que esto tiene para su país", ha manifestado.
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