El Tribunal de Cuentas tiene que verificar si realizar un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la inmigración "ilegal" se acomoda a su mandato legal.
Así lo han puesto de manifiesto fuentes del organismo a Europa Press, que han agregado que, una vez recibe la notificación de petición de una fiscalización, la analiza y verifica que se acomoda a su mandato legal para después integrarla en su Programa Anual de Fiscalizaciones.
La Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes 7 de octubre una solicitud de Vox por el que insta al organismo a realizar un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la inmigración "ilegal" y a los menores migrantes no acompañados. En concreto, la iniciativa de los de Santiago Abascal ha contado con 20 votos a favor (PP y Vox), 15 en contra (PSOE y socios) y ninguna abstención.
A principios del pasado mes de septiembre el partido que preside Santiago Abascal registró dos propuestas de fiscalización para su debate en esta comisión mixta, en la que el PP y Vox suman mayoría absoluta.
Sin embargo en la sesión de este martes sólo se ha incluido la fiscalización relativa al gasto que genera en todas las administraciones la "inmigración ilegal", pero no la relativa a la "gestión de los menores extranjeros no acompañados", que era el otro informe que Vox planteó encargar al órgano que preside Enriqueta Chicano.
Cuando anunciaron estas iniciativas, desde Vox, subrayaron que su objetivo es que "los españoles conozcan el coste de la inmigración ilegal que tanto el PP como el PSOE intentan ocultar con opacidad administrativa, al no responder a los numerosos requerimientos de información por parte de Vox en distintas instituciones".
Vox registró estas dos propuestas de fiscalización después de que Abascal asegurara en una sesión de control al Gobierno en el Congreso que a los españoles les cuesta más "mantener a un inmigrante ilegal o a un mena que pagar a un anciano español en una residencia".
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