La ONG Amnistía Internacional ha acusado a China de utilizar sus tribunales para "reprimir" la defensa de los Derechos Humanos en base a las "imprecisas" leyes de seguridad nacional y orden público.
"Las personas que defienden los Derechos Humanos son tratadas como enemigas del Estado", ha denunciado la responsable de China para Amnistía, Sarah Brooks, quien ha afirmado que los tribunales chinos funcionan como "instrumento de represión" en asuntos "políticamente delicados".
En su informe de este miércoles, '¿Cómo podría este veredicto ser 'legal'?', la ONG analiza más de cien documentos judiciales sobre 68 casos particulares en los que los tribunales chinos se habrían incurrido en estas prácticas.
Amnistía afirma que en más del 90 por ciento de los casos que ha analizado, los tribunales se han basado en disposiciones "imprecisas" y "excesivamente amplias", que incluso "se contradicen con las normas internacionales".
En definitiva, apunta que los cargos que se formulan permiten la criminalización de la protesta pacífica y que los tribunales equiparaban las críticas al Gobierno --incluidas en redes sociales, en artículos en publicaciones independientes, o en entrevistas a medios extranjeros-- con amenazas a la seguridad nacional.
"Al convertir en delito casi todas las formas de contacto con la comunidad internacional, el Gobierno chino está tratando de aislar del mundo exterior a quienes defienden los Derechos Humanos", ha advertido Brooks.
Al mismo tiempo, "se ha negado el acceso a un juicio justo" a las personas señaladas por Pekín, negándoles el acceso a un abogado, imponiéndoles penas de prisión provisional prolongada o "vigilancia domiciliaria en un lugar asignado" por las propias autoridades, denuncia Amnistía Internacional.
"Nadie está a salvo", incide Brooks, en línea con las voces a las que ha tenido acceso la ONG, como la de un abogado de Derechos Humanos que afirma que las autoridades del gigante asiático "pueden definir cualquier acción como criminal".
Por todo ello, la ONG ha vuelto a instar al Gobierno chino que revise, o derogue las a su juicio "imprecisas" y "excesivamente amplias" disposiciones del código penal que persiguen la subversión, así como la propia ley de seguridad nacional, y garantice el derecho a un juicio justo de los acusados.
"El Gobierno chino debe poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas recluidas exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión", ha reclamado Brooks.
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