Los Estados miembro de la Unión Europea ha acordado este lunes prorrogar un año más las sanciones que pesan contra la clase dirigente de Nicaragua por la espiral represiva del régimen de Daniel Ortega, en concreto por el deterioro democrático y los abusos sistemáticos de derechos desde las protestas opositoras de 2018.
Las medidas restrictivas afectan a un total de 21 personas y tres entidades, entre las que destacan Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, y el círculo más próximo a la pareja incluyendo sus hijos, familiares y asesores. La lista negra también se extiende a mandos policiales acusados de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas.
Estas personas tiene vetado viajar a la UE y están sujetos a la congelación de sus activos en el bloque, estando prohibido que empresas o personas pongan fondos a su disposición en la Unión.
Aparte de la persecución de disidentes y el intento de silenciar a los medios de comunicación independientes, el régimen de Ortega ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos que envió a Estados Unidos. En este contexto el Gobierno español intercedió para ofrecer a varios de los desterrados la opción de recibir la nacionalidad española.
El bloque europeo aprovecha la renovación de las sanciones para reiterar su llamamiento para que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos y se permita el regreso de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
Ante la espiral de violencia, la UE también pide el fin de las restricciones al espacio cívico, respetar el derecho a la disidencia y acabar con todo tipo de represión, tanto en Nicaragua como en el extranjero, apuntando que Managua debe reanudar la cooperación con Naciones Unidas y otros organismos internacionales clave.
En febrero de este año, el Parlamento Europeo pidió en una resolución que los países de la UE promuevan investigaciones a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) y que se pueda juzgar ante una corte internacional a altos cargos del Gobierno de Nicaragua por supuestos crímenes contra la humanidad.
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