El Supremo de Colombia confirma la libertad del expresidente Uribe mientras se resuelve su apelación

El alto tribunal desestimó la restricción inmediata adoptada por el juzgado de Bogotá tras analizar los argumentos constitucionales, señalando que la conducta del exgobernante y la ausencia de riesgo en la investigación permiten su permanencia fuera de prisión

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia sustentó la liberación del expresidente Álvaro Uribe resaltando que, tras analizar los elementos constitucionales del caso, no observó riesgos vinculados a ocultamiento o alteración de pruebas, ya que la etapa probatoria del proceso ya finalizó. Esta resolución, difundida por el medio, sostiene que el comportamiento del procesado a lo largo del proceso y su disposición a cumplir con los requerimientos judiciales evidencian que no se justifica su privación inmediata de la libertad mientras se tramita la apelación a su condena.

Según informó el medio, el Tribunal Supremo de Colombia reafirmó este jueves la sentencia previa del Tribunal Superior de Bogotá, que había ordenado la libertad de Uribe hacia finales de agosto, al menos hasta que se resuelva el recurso interpuesto por la defensa frente a la condena de doce años de arresto domiciliario. Dicha condena se refiere a cargos de soborno de testigos y fraude procesal. El fallo sostiene que la decisión de mantener la libertad del exmandatario se apoya en que la motivación esgrimida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá para ordenar la detención inmediata no cumple los estándares constitucionales requeridos.

Tal como consignó el medio, la juez Sandra Heredia había emitido una medida de arresto domiciliario y dispuesto la detención inmediata del expresidente, lo cual buscaba dar inicio a la ejecución de la condena antes de que las instancias superiores pudieran decidir sobre eventuales apelaciones. No obstante, el Tribunal Superior y posteriormente el Supremo resaltaron que esta figura procesal —la apelación— constituye una garantía para el acusado para poder cuestionar todas las decisiones derivadas de la sentencia, incluidas las accesorias como la propia captura.

El caso tiene su origen una década atrás, cuando Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este último habría visitado diversas cárceles del país para reunir testimonios falsos en contra del expresidente con relación al surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia. Según publicó el medio, la investigación giró tras la aparición de pruebas y testimonios que señalaban que los abogados de Uribe habrían buscado persuadir a detenidos para que modificaran sus declaraciones en favor del exmandatario. En particular, el abogado Diego Cadena habría ofrecido ventajas procesales o favores a exparamilitares para cambiar su versión respecto a la supuesta relación de Uribe y su hermano Santiago con grupos paramilitares.

Después de la presentación de nuevas pruebas, varias fuentes apuntaron a una estrategia de manipulación de testigos dirigida a afectar la credibilidad y posición de Iván Cepeda en el proceso, lo que derivó en que la investigación original diera un giro: Cepeda pasó de acusado a parte afectada, mientras Uribe, inicialmente demandante, fue incluido como sujeto investigado. El medio detalló que la condena contra el exmandatario se emitió en agosto, estableciendo que Uribe promovió que emisarios propios intentasen influir en los testigos privados de libertad para obtener declaraciones que lo beneficiaran judicialmente.

El Tribunal Supremo, al referirse a la libertad provisional concedida a Uribe, puntualizó en su dictamen que: “El buen comportamiento del procesado durante la actuación y su asistencia voluntaria a las citaciones contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad. Además, como en el proceso penal ya se superó la fase probatoria, el riesgo de afectación de la verdad o manipulación de las pruebas lo calificó de inexistente”. Esta frase, recogida por el medio, sintetiza la argumentación jurídica del alto tribunal para sostener la medida.

En la explicación sobre la función de la apelación, el Supremo recordó que se trata de un “mecanismo de defensa que le brinda la posibilidad al acusado de cuestionar todas las decisiones adoptadas en la sentencia, ya sean principales o accesorias, entre ellas, la orden de captura.” Con base en este análisis, el Tribunal confirmó el amparo al derecho a la libertad de Uribe hasta que la segunda instancia resuelva el fondo del recurso interpuesto, como detalló el medio.

El proceso penal contra el expresidente ha sido seguido de cerca por la opinión pública colombiana tanto por el precedente jurídico que implica como por las figuras involucradas. Según lo reportado por el medio, la resolución advierte que ninguna de las justificaciones presentadas por el Juzgado 44 podría legitimar una detención de manera inmediata, ya que no han demostrado una afectación material a la labor judicial ni un impacto sobre la integridad de la investigación o sobre los involucrados. La sala consideró además la naturaleza de los derechos fundamentales en juego y la necesidad de ajustar las medidas restrictivas a los estándares de motivación exigidos por la Constitución.

Por lo tanto, la decisión implica que Álvaro Uribe permanecerá en libertad mientras siga en trámite el recurso que su defensa presentó contra la sentencia que lo responsabilizó de inducir a la manipulación de testimonios y de incurrir en fraude procesal. Toda modificación a esta situación dependerá del resultado de la apelación aún pendiente de resolución, informó el medio.

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