El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha rechazado este viernes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) las acusaciones sobre su intención de abandonar el país tras el hallazgo de un documento de solicitud de asilo dirigido a la Presidencia de Argentina en un teléfono móvil que le fue confiscado por la Policía Federal y ha aprovechado la ocasión para exigir la revocación de la orden de arresto domiciliario que pesa en su contra.
"La autoridad policial evidentemente sabe, como es bien sabido, que para considerar la prisión preventiva, debe existir un hecho contemporáneo. Pero, aun así, solo cuentan con un documento, que reconocen como un simple borrador antiguo enviado por un tercero, además de la innegable constatación de que la solicitud no se materializó", han explicado los abogados del exmandatario en declaraciones recogidas por la Agencia de Brasil.
Así las cosas, la defensa de Bolsonaro ha solicitado la revocación de su arresto domiciliario o, en su defecto, "la resolución urgente del recurso de amparo interpuesto por la defensa el 6 de agosto", argumentando que su defendido ha respetado en todo momento las medidas cautelares --como la prohibición de salir del país y de utilizar redes sociales-- dictaminadas por la Corte Suprema.
Estas declaraciones llegan después de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes estableciera este miércoles un plazo de 48 horas para que los abogados de Bolsonaro se pronunciaran respecto al documento de solicitud de asilo hallado por la Policía Federal, que estaba guardado en el móvil del expresidente desde 2024.
Contrario a los argumentos de la defensa del expresidente, De Moraes --relator del caso-- solicitó explicaciones por lo que ha considerado como un "comprado riesgo de fuga", así como por los "reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas" y "la reiteración de conductas ilegales".
La víspera, Jair Bolsonaro --bajo arresto domiciliario desde comienzos de este mes-- fue imputado por parte de la Policía Federal junto a uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por intentar obstaculizar la investigación que enfrenta el exmandatario por golpe de Estado.
La decisión de De Moraes llegó después de que la Policía Federal concluyera las investigaciones sobre la actuación de Eduardo Bolsonaro para promover en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños, a través de la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo en Estados Unidos para entorpecer la causa por golpe de Estado.
Así, la Policía brasileña reveló que el exmandatario estudió pedir asilo político en Argentina, presidida por el también ultraderechista Javier Milei, tras hallar en su teléfono el citado documento, en el que denunciaba ser víctima de una "persecución en (su) país de origen por motivos y delitos fundamentalmente políticos".
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