El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha enviado este jueves al Tribunal Constitucional la reforma migratoria, aprobada por el Parlamento e impulsada por el Gobierno, que endurece los requisitos de reagrupación familiar y permisos de residencia a ciudadanos de lengua portuguesa.
La oficina de Rebelo de Sousa ha explicado a través de un comunicado publicado en su página web que ha sometido a control preventivo urgente de constitucionalidad el decreto de la Asamblea, donde enumera cuatro de los cambios, incluidas las limitaciones de reunificación familiar y el plazo para la evaluación de solicitudes por parte de la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA).
"Estos cambios, que afectan a un mecanismo esencial para la integración social y familiar, parecen restringir de forma desproporcionada y desigual el principio de unidad familiar y podrían no salvaguardar el interés superior del menor, quien se ve obligado a afrontar separaciones prolongadas", señala el documento.
Según ha añadido el jefe de Estado luso, "contrariamente a los objetivos del decreto, estos cambios podrían provocar un aumento de los viajes migratorios irregulares de otros miembros de la familia, como los cónyuges, quienes quedan entonces excluidos del derecho a la reunificación".
Asimismo, ha hecho hincapié en que --con el aumento de los plazos de las tomas de decisiones-- la reunificación familiar puede tardar al menos tres años y medio, lo que violaría "el principio de unidad familiar y el interés superior del niño", e incluso es "desproporcionado a la luz de la ley", vulnerando "potencialmente los principios de igualdad, proporcionalidad y unidad familiar".
Rebelo de Sousa ha cuestionado los límites a los recursos ante los tribunales contra las decisiones de la AIMA, lo que "parece violar los principios constitucionales de acceso a la justicia". En este sentido, ha afirmado que se trata de un asunto de "alta sensibilidad política, social y jurídica" que requiere "con urgencia" de "garantizar la seguridad jurídica".
En su carta al Constitucional, ha enfatizado que el proceso legislativo en la Asamblea de la República se ha tramitado de urgencia, sin consultas ni audiencias, ya sean constitucionales, legales o procesales. También ha incidido en que cuando se solicitaron se celebraron sin respetar los plazos legalmente establecidos.
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