Más de seis años de cárcel a expresidente de Judicatura de Ecuador por asociación ilícita

El tribunal halló culpable a Wilman Terán por su participación en una red que favorecía a allegados mediante manipulación de concursos judiciales, sumando así una nueva condena a sus antecedentes y sanciones económicas millonarias

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Guayaquil (Ecuador), 7 jul (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó este lunes a seis años y ocho meses de prisión al exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán por asociación ilícita en el denominado caso Pantalla, por haber interferido en el proceso de selección de jueces nacionales desarrollado en 2023 con el objetivo de beneficiar a personas afines a sus intereses.

Terán, quien estuvo presente en la lectura de la sentencia, ya había sido condenado en otros dos juicios previos por delincuencia organizada y obstrucción a la Justicia, en los que recibió conjuntamente más de 18 años de cárcel.

Ahora, además de los años de prisión, deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (5.640 dólares) y otros 35.877 dólares como indemnización por este nuevo caso.

El tribunal, conformado por los jueces Vinicio Rodríguez, Javier De la Cadena y Rodrigo Sarango, dio por probada la tesis de la Fiscalía, que había señalado que Terán se asoció con otros exfuncionarios del Consejo de la Judicatura para "beneficiar" en el proceso a su pareja sentimental Anabel Torres, para que sea elegida como jueza de la Corte Nacional de Justicia y así lograr el control sobre el máximo órgano de justicia ordinaria del país.

Torres, quien también forma parte de los acusados en este caso y que en 2023 era jueza provincial, se encuentra prófuga de la justicia.

El caso Pantalla ya tiene tres exfuncionarios del Consejo de la Judicatura condenados de manera previa en procedimientos abreviados donde los acusados reconocieron su culpabilidad a cambio de obtener penas reducidas.

El juez Vinicio Rodríguez señaló que una vez que se inició el proceso para elegir a los jueces nacionales, en 2023, Terán se asoció con los otros exfuncionarios condenados y solicitó las preguntas del concurso.

Los exfuncionarios resolvieron el cuestionario, realizaron el examen teórico que le correspondía hacer a Torres y autorizaron la realización de una segunda prueba de confianza para que pueda ser calificada como idónea.

"Acciones que fueron direccionadas para que la referida procesada continúe en el concurso y sea designada como jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia. Hechos que resultan incontrovertibles", señaló Rodríguez.

Durante el juicio, el fiscal general adjunto Wilson Toainga había asegurado que el poder judicial se había convertido "en un objetivo estratégico para grupos políticos, económicos y criminales que buscan manipularlo para fortalecer su influencia, evadir responsabilidades o promover negocios al margen de la ley".

"Este fenómeno ha abierto las puertas a individuos sin principios éticos, dispuestos a desvirtuar la función de la Justicia en beneficio propio. Lo más grave: estas prácticas se han instalado en los niveles más altos del sistema judicial", señaló Toainga.

En la sentencia, el tribunal también ordenó a la Fiscalía que inicie investigaciones en contra de otras personas nombradas durante el proceso sobre las que no pese alguna indagación previa.

Terán se encuentra en prisión desde diciembre de 2023, cuando fue detenido como parte del caso Metástasis, una trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero, asesinado en prisión en 2022.

En ese caso, Terán fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada porque, "en su calidad de juez de la Corte Nacional, facilitó la manipulación del habeas corpus a favor del hermano de Norero, retrasando su tramitación a cambio de dinero", según detalló el Ministerio Público.

A finales de 2024, Terán recibió una segunda condena con otros nueve años y cuatro meses de prisión, en este caso por obstrucción a la justicia al haber promovido ilegalmente la suspensión y destitución del juez de la Corte Nacional Walter Macías para separarlo de un caso donde estaba procesada la entonces vocal de la misma Corte Ruth Barreno.

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