La trama de políticos, constructoras y un empresario que salpica al socialismo español

Madrid, 20 jun (EFE).- La presunta implicación de exaltos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y hombres de confianza del presidente del Ejecutivo en una trama de comisiones ilegales por contratos públicos se ha convertido en el escándalo político más grave que enfrenta Pedro Sánchez desde que asumió el Gobierno y amenaza la estabilidad de la legislatura.

La Guardia Civil española investiga desde hace meses la posible trama de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras y otros contratos públicos que presuntamente salpica a dos exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García, a constructoras y empresarios.

Pedro Sánchez mantiene su intención de agotar la legislatura hasta 2027 -cuando correspondería la celebración de elecciones-, mientras que el líder de la oposición, el conservador Partido Popular, y el ultraderechista Vox reclaman un adelanto electoral.

La tensión política avanzó este viernes, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraran en las oficinas centrales del PSOE en Madrid a petición del Tribunal Supremo para clonar el correo corporativo de Santos Cerdán.

A continuación, claves del escándalo que sacude la política española:

José Luis Ábalos.- Secretario de Organización del PSOE (2017-2021) y ministro de Transportes (2018-2021). Tras su cese en el partido y el Gobierno, fue reelegido diputado en 2023. Después de la detención de quien fuera su asesor -Koldo García- se negó a entregar su acta de diputado, abandonó el grupo parlamentario socialista y pasó al mixto. Expulsado del PSOE la pasada semana. Es investigado por malversación, tráfico de influencia y cohecho.

Las grabaciones de sus conversaciones con Koldo García sobre las mujeres con las que mantenían relaciones esporádicas han provocado una airada reacción del PSOE. "Me avergüenzo de los audios sobre las mujeres. Me repugnan", dijo Sánchez ante la Ejecutiva socialista tras escuchar los audios.

Santos Cerdán .- Secretario de Organización del PSOE tras el cese de Ábalos, en 2021. Fue el hombre de confianza de Sánchez para dirigir el partido y negociar con los grupos nacionalistas y los independentistas catalanes, cuyo voto fue decisivo para sacar adelante la investidura del presidente del Gobierno. Entregó el acta de diputado y abandonó el PSOE el 12 de junio.

Koldo García.- Exasesor de Ábalos y hombre muy cercano a Cerdán. Trabajó como vigilante de seguridad y escolta y fue concejal socialista. Su detención provisional, en febrero de 2024 por cargos de tráfico de influencias, blanqueo y cohecho, aceleró la investigación y precipitó la caída de Ábalos.

Grabó conversaciones privadas mantenidas con Ábalos, Cerdán y otros políticos y empresarios que han detonado el escándalo.

Víctor de Aldama.- Empresario madrileño presuntamente vinculado con comisiones ilegales en una red de adjudicaciones irregulares. Está considerado el presunto "conseguidor y comisionista" de la trama y quien habló de presuntas mordidas ante el juez.

Acciona.- Constructora española apuntada en la investigación por el supuesto pago de comisiones a Ábalos y García a cambio de contratos públicos. La empresa ha manifestado su "desconocimiento" y "preocupación" por el escándalo, ha abierto una investigación interna y ha asegurado que el directivo que aparece en los informes de la Guardia Civil fue despedido en 2021.

Koldo García fue detenido provisionalmente en febrero de 2024 en una investigación sobre supuestos amaños en la compra de mascarillas por varias administraciones públicas durante la pandemia, en el marco de la "Operación Delorme" de la Guardia Civil (bautizada así por el médico francés Charles de Lorme, pionero en el uso de la mascarilla entre los sanitarios).

Las investigaciones y las grabaciones del propio García apuntan a una trama mucho mayor de adjudicaciones irregulares de obras públicas y servicios a cambio de comisiones ilegales y a la existencia de una red de empresas de blanqueo.

Según la investigación, "los contratos presuntamente amañados" permanecían bajo el dominio del Ministerio de Transportes, ADIF (el gestor de la infraestructura ferroviaria española) y la Dirección General de Carreteras.

Uno de los informes de la Guardia Civil habla del pago de "altas cantidades de dinero" a Koldo García y Ábalos, al parecer a cambio de contratos públicos, y de "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona".

Además, en el proceso se investiga a otras empresas como Servinabar -una sociedad que ejecutaba obras bajo sospecha en unión con Acciona- y otras constructoras que se habrían beneficiado de adjudicaciones arbitrarias y trato de favor. EFE