El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, ha condenado los actos de violencia registrados durante las últimas semanas en Bolivia a raíz de los bloqueos protagonizados por seguidores del expresidente Evo Morales en gran parte del país y ha pedido calma tras la muerte de cinco personas en el marco de estos disturbios.
Jarab, que ha instado a respetar los Derechos Humanos y "favorecer el diálogo" entre los sectores "evistas" y aquellos que apoyan al actual presidente, Luis Arce, ha instado a abrir una investigación "imparcial y exhaustiva para esclarecer responsabilidades tras las muertes y los hechos de violencia, a fin de garantizar la justicia y evitar la impunidad".
"También se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para reducir las tensiones y evitar nuevos hechos de violencia", ha dicho, al tiempo que ha recordado que las normas internacionales "no amparan a quienes incitan o cometen actos de violencia durante una manifestación, en particular aquellos que pueden provocar lesiones o muerte".
Así se ha referido a los últimos disturbios, que se han saldado con al menos cinco muertos --entre ellos tres policías y un bombero de Llallagua, Potosí--. El quinto fallecido es un civil de Cochabamba, punto en el que se concentran los seguidores de Morales y donde se han registrado los peores bloqueos a pesar de la grave crisis económica que atraviesa el país andino.
En este sentido, ha defendido el "derecho a voto en condiciones de libertad" y ha matizado que esto es "esencial para el Estado de Derecho", además de una condición "necesaria para la vigencia de los Derechos Humanos", según un comunicado.
"Manifestamos nuestra preocupación por las amenazas vertidas contra integrantes del Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones", especialmente de cara a las elecciones generales del próximo mes de agosto. "Pedimos a todos los sectores a resguardar la continuidad del proceso electoral democrático", ha manifestado.
Además, ha hecho hincapié en la importancia de abordar las "diferentes causas estructurales de la conflictividad social en el país" y ha reiterado la disposición de la ONU para "brindar asistencia técnica" al Estado boliviano para el "cumplimiento de sus obligaciones internacionales".
A principios de esta semana, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, afirmó que el Gobierno estaba sopesando la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con los bloqueos protagonizados por los seguidores de Morales, a quienes acusan de exacerbar la crisis económica en un intento por lograr la dimisión de Arce.
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