La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha avanzado que el Gobierno ha enviado al Consejo Económico y Social el texto de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y ha afirmado que la voluntad del Ministerio de Derechos Sociales es que el texto se remita a las Cortes Generales para que comience su tramitación parlamentaria a inicios del próximo periodo de sesiones, que comienza en el mes de septiembre.
"Se acaba de enviar al Consejo Económico y Social para, a continuación, continuar su tramitación interna y remitirlo, finalmente, al Consejo de Estado. Nuestra voluntad es que el texto se remita a las Cortes Generales para su trámite parlamentario a inicios del próximo periodo de sesiones", ha anunciado Martínez este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso.
Según ha explicado la secretaria de Estado, tras la fase de exposición pública, en la que se recibieron 248 aportaciones de entidades y personas físicas, se han recabado los informes perceptivos y han mantenido reuniones con diferentes colectivos, agentes sociales, así como todos los gobiernos autonómicos, unos debates que, a su juicio, "han enriquecido y mejorado el texto".
Ahora acaban de enviar el texto al Consejo Económico y Social para, a continuación, continuar su tramitación interna y remitirlo, finalmente, al Consejo de Estado.
Martínez ha precisado que, en el proceso de tramitación, "ninguno" de los actores con los que han contrastado el texto de la ley -- comunidades autónomas, sindicatos, patronales, entidades sociales y personas expertas--, ha cuestionado el objetivo ni el enfoque de la reforma.
Si bien, ha lamentado que desde "algunas voces, especialmente desde los gobiernos autonómicos, se ha defendido una postura en la que consideran que sin incremento de financiación o incluso sin el cumplimiento total previo de la actual ley, esta reforma no tiene sentido".
Frente a estas posturas, la secretaria de Estado ha asegurado que reforzar la financiación del sistema de protección a la autonomía y la atención a la dependencia "es indiscutible" porque hay un "déficit de financiación respecto a países del entorno --0,8% del PIB España, frente a la media de la OCDE del 1,55%-- pero ha advertido de que "no basta con invertir más" sino que "es necesario e imprescindible invertir mejor".
EN 2030, HABRÁ 400.000 PERSONAS MÁS EN EL SISTEMA A LA DEPENDENCIA
Además, ha avisado de que, según las previsiones, en 2030, "en solo cinco años, habrá 400.000 personas más" en el sistema de la atención a la dependencia. En este sentido, ha advertido de que si España continúa con el marco normativo actual, "rígido, poco personalizable", solo va a dar respuesta "parcialmente a un número creciente de personas" y "de una manera muy alejada de las demandas ciudadanas".
Al mismo tiempo, ha recordado que, según las estimaciones de la Secretaría de Estado, en 2030 harán falta 263.000 profesionales adicionales en el sistema de atención a la dependencia. "Como se pueden imaginar, la magnitud del reto es asusta", ha asegurado.
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