El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, ha informado de que el Gobierno sopesa la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con los bloqueos realizados por seguidores del expresidente Evo Morales, a quienes acusan de exacerbar la crisis económica en un intento por lograr la dimisión de Luis Arce.
"Lo que estamos haciendo nosotros es pedir que se hagan los análisis correspondientes, tanto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la ONU (...), que puedan hacer una visita para comprobar no solamente estos bloqueos criminales, anuncios de cercos de este año, sino también lo sucedido el año pasado", ha expresado Siles durante una rueda de prensa.
En este sentido, ha indicado que esta iniciativa no se limita únicamente a lo que está ocurriendo actualmente sino que también busca abordar lo sucedido en 2024, cuando las autoridades denunciaron un intento de golpe de Estado contra Arce por parte de un grupo de militares encabezados por el general Juan José Zúñiga.
Ese mismo año, los seguidores de Morales denunciaron que el exmandatario estaba siendo objeto de una persecución judicial a medida que crecía el cerco a su alrededor por un presunto vínculo con una menor de edad. Además, el Tribunal Constitucional resolvió que ningún candidato puede presentarse para un tercer mandato, lo que dejaría fuera de la carrera al conocido líder.
La idea del Gobierno incluye la posibilidad, además, de solicitar ayuda al grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI), tal y como sucedió durante la crisis de 2019, cuando Morales fue acusado de fraude electoral tras la primera vuelta de las elecciones y acabó dimitiendo y abandonando el país.
"Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un GIEI para el tema de los bloqueos del pasado año como de este año que, sin duda, han afectado y están afectando la libre locomoción, a la salud, a la educación", ha declarado el ministro, que ha lamentado que hay "muchas personas afectadas, e incluso heridos y fallecidos".
Además, ha vuelto a calificar los bloqueos de acciones "criminales" que desbordan el derecho a la protesta para convertirse en "delitos con un impacto humanitario". "Entre los casos más graves se encuentra la obstaculización del paso de las ambulancias, el incendio de vehículos de emergencia y agresiones a médicos y enfermeros.
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