Más de 165.000 personas se han visto desplazadas en los últimos tres meses en Sudán del Sur por la crisis de violencia que estalló a principios de este año en el país africano, en medio de los temores sobre un posible colapso del acuerdo de paz de 2018, según estimaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicadas este martes.
La mayoría de las personas que han huido de las tensiones y el conflicto, alrededor de 100.000, han buscado seguridad en otros países vecinos, como República Democrática del Congo, Etiopía, Sudán y Uganda. No obstante, alrededor de 65.000 personas son desplazados internos que se encuentran en comunidades afectadas cuyo acceso es "considerablemente limitado".
"Sudán del Sur no puede permitirse otra crisis. El país más joven del mundo ha recibido a más de un millón de personas que huyeron de la guerra en Sudán, mientras millones de sus ciudadanos continúan recuperándose de años de conflicto y crisis en sus países", ha declarado el director regional de ACNUR para África Oriental, Cuerno de África y Grandes Lagos, Mamadou Dian Balde.
En este contexto, ha avisado de que los combates y las restricciones de movimiento en Sudán del Sur "han paralizado" la entrada de ayuda humanitaria, incluyendo medicamentos y atención médica, a pesar del aumento de casos de cólera, situación que puede verse agravada por la inminente temporada de lluvias.
Pero los países vecinos, que sufren sus propios conflictos, también "luchan por hacer frente a la escasez de recursos como alimentos, agua, saneamiento, alojamiento y atención médica". "Esta emergencia llegó en el peor momento. Muchos refugiados buscan seguridad en países que enfrentan sus propios desafíos o que ya enfrentan emergencias en medio de los brutales recortes de financiación", ha explicado Balde.
En las últimas semanas, las autoridades sursudanesas han confirmado decenas de muertos en enfrentamientos intercomunitarios en el estado de Warrap. De hecho, la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), que ha mostrado su "profunda preocupación" por la escalada de violencia, ha instado a las autoridades a intervenir y desplegar servicios de seguridad para abordar la situación.
"Se necesita la intervención urgente del Gobierno nacional para evitar que el conflicto se intensifique a niveles catastróficos y para unir a las comunidades y resolver pacíficamente los agravios", ha declarado el representante especial adjunto del secretario general, Guang Cong, a través de un comunicado, en el que ha cifrado en 200 los muertos solamente en marzo de este año.
"Si bien la UNMISS está haciendo todo lo posible para disuadir nuevas movilizaciones y conflictos, el Gobierno es el principal responsable de proteger a los civiles y, por lo tanto, alentamos al Gobierno a desplegar rápidamente servicios de seguridad para prevenir más violencia y crear un entorno seguro para el diálogo comunitario y la consolidación de la paz", ha incidido.
El país, sumido durante los últimos meses en una grave crisis política que ha hecho tambalear el acuerdo de paz de 2018, ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población.
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