El jurado popular considerado culpable de asesinato a J.U.V.S., el hombre de origen colombiano juzgado por la muerte de Cristina Cabo Buján, una mujer muy conocida en el barrio de A Milagrosa de Lugo, que regentaba una tienda de productos ecológicos.
Para el jurado, integrado por seis hombres y tres mujeres, ha quedado probado durante estos tres días de proceso que hubo alevosía y ensañamiento en el ataque a la mujer, que murió desangrada después de que le infligiera 49 heridas con un cuchillo en la casa de la víctima, adonde habían acudido juntos para mantener relaciones sexuales después de conocerse en un pub del centro histórico de la ciudad.
Por otra parte, tampoco dieron por probado que la victima fuese la que cogió primero el cuchillo para atacarlo, uno de los puntos principales argumentos que esgrimía la abogada defensora, que pedía por ello la atenuante de legítima defensa.
Del mismo modo, han desechado también la otra atenuante que proponían, el trastorno mental transitorio, ya que no consideraron probado que el consumo de drogas y alcohol hubiese mermado su capacidad para comprender lo que estaba haciendo.
La defensa proponía además la atenuante de confesión, ya que después de ser detenido fue colaborador con la investigación, pero eso tampoco fue reconocido por el jurado popular, que comenzó su deliberación cerca de las 13,00 horas y que comunicó el acuerdo sobre las 19,00 horas de este jueves.
Junto al delito de asesinato, también el jurado consideró a J.U.V.S. culpable de otro de robo con fuerza, ya que cuando se marchó de la casa, después de la agresión y mientras estaba viva desangrándose, se llevó un ordenador y la bicicleta, que utilizó para volver a casa de su hermana, con la que convivía, así como para deshacerse de las ropas manchadas de sangre.
El veredicto ha motivado satisfacción entre los familiares de Cristina Cabo, que seguido los tres días de un proceso muy intenso, en el que ha habido momentos difíciles, sobre todo durante la declaración del acusado.
Con este veredicto, acusación particular y Fiscalía solicitan la pena máxima para ambos delitos, que es de 25 años por el asesinato y 5 por el robo con violencia, mientras que la defensa pidió 20 años por el primero y 2 por el segundo. A esto hay que añadir una responsabilidad civil para el padre de la víctima, ya fallecido, y los hermanos. De este modo, ahora será la magistrada la que decidirá en sentencia firme la pena que se le impondrá.
Fernanda López, abogada de la acusación particular, ha indicado que la familia solicitará también que cumpla la pena íntegra y que luego sea expulsado del país.
Sobre esta decisión cabe recurso de apelación, pero Pilar Baños aseguró que todavía no sabe la decisión que se tomará sobre esta medida.
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