Dakar, 27 may (EFE).- El ministro de Minas y Geología de Guinea-Conakri, Bouna Sylla, anunció la retirada de 129 permisos de exploración minera sin compensación económica para las empresas, en un mensaje en la televisión nacional emitido a última hora del lunes que recogen medios locales este martes.
El Centro de Promoción y Desarrollo Minero, las direcciones nacionales del citado Ministerio y los inspectores prefectorales son los encargados a partir de ahora de garantizar la implementación de esta decisión en el país, cuyas reservas de bauxita -materia prima para producir aluminio- se encuentran entre las más importantes del planeta.
El Gobierno guineano anunció esta decisión dos semanas después de que el primer ministro, Amadou Bah Oury, informara de que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas el próximo diciembre, en un paso crucial para la transición democrática.
La junta militar, liderada por el general Mamadi Doumbouya ya anunció el pasado mes la celebración de un referéndum sobre una nueva Constitución el próximo 21 de septiembre.
Doumbouya adelantó en su discurso de Año Nuevo el pasado 31 de diciembre que 2025 sería "un año electoral crucial para completar el retorno al orden constitucional", pero no dio fechas precisas.
El general llegó al poder en un golpe de Estado apoyado por el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, que derrocaron al entonces presidente, Alpha Condé, quien gobernaba desde 2010 tras optar en octubre de 2020 a un polémico tercer mandato, no permitido por la Constitución guineana.
En octubre de 2022, Doumbouya acordó con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) una transición de dos años antes de devolver el poder a un Gobierno civil, pero ese plazo no se cumplió.
La represión de la disidencia no ha hecho más que crecer en los últimos meses en el país, donde un tribunal condenó el pasado enero al líder opositor Aliou Bah a dos años de cárcel por "ofensa y difamación" contra Doumbouya por haber criticado al Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD, nombre de la junta).
El pasado febrero, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció asimismo que las autoridades militares guineanas han reprimido a la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil desde que tomaron el poder.
Guinea-Conakri es uno de los países más pobres del mundo, pero posee un importante potencial minero, hidráulico y agrícola, y la junta militar quiere aumentar su control sobre estos recursos. EFE
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