El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha dado nuevamente la razón a Enagás en su litigio sobre el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) y ha elevado el importe que el país suramericano debe pagar a la empresa española en otros 104 millones de dólares (unos 91,1 millones de euros) --principal más intereses--.
De esta forma, la indemnización a Enagás que el Ciadi ha impuesto a Perú en este procedimiento arbitral asciende a día de hoy a aproximadamente 302 millones de dólares (264,4 millones de euros), incluyendo en esta cifra principal, intereses y costas.
El pasado mes de diciembre, el Ciadi dictó un laudo que condenaba a Perú a abonar a Enagás 194 millones de dólares (unos 170 millones de euros al cambio actual) por el proceso abierto por el proyecto GSP.
No obstante, permanecían abiertas dos solicitudes de Enagás de rectificación por error material por un importe de 94 millones de dólares (unos 82 millones de euros) y otros 230 millones de dólares (unos 201,4 millones de euros) en concepto de recuperación de garantías que podrían resultar del arbitraje en el Ciadi sobre el concurso de acreedores de GSP.
Ahora, el Ciadi ha rectificado su laudo del pasado mes de diciembre para elevar la condena a Perú en 104 millones de dólares (91,1 millones de euros), según ha informado este lunes la compañía energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Desde la notificación de dicho laudo, Enagás asegura que ha optimizado su caja en Perú manteniendo a la fecha depósitos en entidades financieras en Perú por un importe de 65 millones de dólares (unos 57 millones de euros), importe éste equivalente a la carta fianza otorgada a favor de las autoridades peruanas.
SE INCLUIRÁ EN LA CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE
Enagás ha informado de que incluirá el impacto contable de esta decisión en las cuentas del primer semestre de este año, una vez se haya realizado un análisis detallado de la misma.
Enagás ha reiterado a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar en cualquier momento un acuerdo amistoso que permita la ejecución del laudo de la manera más conveniente para ambas partes.
La compañía mantiene su compromiso con su política de dividendo y su plan de inversiones previsto, que incluye las infraestructuras de hidrógeno renovable contempladas en la lista definitiva de PCI de la Unión Europea, claves para el proyecto europeo de descarbonización, de seguridad de suministro a largo plazo y de autonomía estratégica.
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