Ciudad de México, 22 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno no fue informado sobre la deportación por parte de Estados Unidos de un migrante mexicano a Sudán del Sur, quien fue expulsado junto con otros siete de distintos países.
“No fue informado México (...) y primero tiene que ser por parte de si (el ciudadano) quiere ser repatriado. Y si es que quiere ser repatriado, Estados Unidos tendría que traerlo a México y en México tendrían que seguirse todos los protocolos porque muy probablemente también estaría privado de su libertad”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La gobernante mexicana se refirió así al caso de Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano que estaba detenido en Estados Unidos acusado de homicidio y quien fue deportado a Sudán del Sur.
Según detalló Sheinbaum, el Gobierno estadounidense no realizó el protocolo que existe para que los ciudadanos mexicanos sean repatriados al país, el cual es diferente para personas que cometieron algún delito, como el caso Muñoz Gutiérrez.
El martes, organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante la corte en Massachusetts para que interviniera denunciando que al menos dos de sus clientes les habían informado que serían enviados a Sudán del Sur.
El miércoles, el juez federal Brian Murphy indicó que el presidente del país, Donald Trump, violó una orden judicial al expulsar a los ocho migrantes, pues no les dio oportunidad de defender sus casos.
El grupo de expulsados, además de Gutiérrez, está conformado por Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, ambos de Cuba; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania; Tuan Thanh Phan, de Vietnam, y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur.
La decisión del juez Murphy es el más reciente episodio del enfrentamiento entre la Administración de Trump y el poder judicial, en torno a las medidas cada vez más agresivas para cumplir su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.
Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno de estar ignorando el debido proceso y algunos expertos legales alertan de que el país está acercándose a una "crisis constitucional".
El país, al este de África, está envuelto en un conflicto armado y el propio Departamento de Estado de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos a no visitar y retiró a inicios de mayo al personal no esencial del Gobierno estadounidense allí.
Desde su llegada al poder el pasado 20 de enero, Trump anunció su intención de deportaciones masivas y, para acelerar los procesos, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados del país. EFE
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