Lima, 20 may (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú solicitó este martes una medida cautelar excepcional ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender los efectos lesivos de la ley que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables en el sistema penal.
La Defensoría pidió la medida cautelar al TC en forma paralela a la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley n.° 32330, que modificó este mes el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que incorpora a los mayores de 16 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.
En la demanda, la Defensoría advierte que dicha ley contraviene tratados internacionales suscritos por el Estado peruano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que establece la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional.
Asimismo, la norma evidencia la incompatibilidad de la referida ley con el marco normativo constitucional, situación que amerita ser corregida a través del control constitucional promovido por la Defensoría del Pueblo, anotó.
Por su parte, ha solicitado al TC la suspensión inmediata de los efectos de la ley n°32330 hasta que se resuelva el fondo del proceso de inconstitucionalidad, como medida para prevenir una "afectación inminente e irreparable" a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en Perú.
El pasado 11 de mayo, el gobierno peruano promulgó la ley que incluye como sujetos imputables a los adolescentes de 16 y 17 años que hallan cometido delitos como sicariato, extorsión y homicidio calificado, una norma que produjo el rechazo del Ministerio Público y el Poder Judicial.
La norma publicada en el diario oficial El Peruano, que ya había sido aprobada por el Congreso, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, declarando imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, entre otros delitos graves.EFE
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