La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha pedido al Gobierno libio de Trípoli que proteja en todo momento a los manifestantes que han salido a las calles para exigir la dimisión del primer ministro Abdul Hamid Dbeibé.
Dbeibé se encuentra en el punto de mira de las protestas que estallaron esta semana tras los combates registrados desde el martes en la ciudad entre milicias rivales, marcados por la muerte del líder de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA) --vinculada a las autoridades de Trípoli, reconocidas internacionalmente--, Abdelghani al Kikli, conocido como 'Gheniua'.
En este contexto, la UNSMIL ha firmado un comunicado como parte del llamado Grupo de Trabajo del Proceso de Berlín sobre Derecho Internacional Humanitario donde expresa su "preocupación por la reciente escalada de violencia en Trípoli, que ha provocado muertos y heridos entre la población civil, daños a viviendas e infraestructuras protegidas y una violenta represión de los manifestantes".
La ONU lamenta que la violencia en las calles de la capital libia representa "un claro fracaso de todas las partes en cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario de proteger a los civiles en todo momento".
La UNSMIL toma nota, con preocupación, de las informaciones "sobre el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes" y ha exigido a las autoridades el respeto al derecho de los libios "a la libertad de expresión y de reunión pacífica sin temor a represalias".
Asimismo, pide a las autoridades una investigación independientes sobre la represión violenta y depuren responsabilidades inmediatamente.
La UNSMIL, por último, también declara su preocupación sobre la posibilidad de que grupos armados habrían tomado en las últimas horas el control de los centros de detención de los migrantes subsaharianos que entran en el país en su ruta a Europa.
"En un contexto caracterizado por detenciones arbitrarias generalizadas y sistemáticas, torturas y malos tratos, es crucial proteger los derechos de los detenidos, tratarlos humanamente y preservar todas las pruebas para los esfuerzos de rendición de cuentas nacionales e internacionales, incluidos los registros en los lugares de detención", zanja la ONU.
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