El Supremo de EEUU falla en contra de Trump y bloquea la ley que permite acelerar deportación de migrantes

El Tribunal Supremo de EE.UU. otorga más tiempo a migrantes venezolanos para defender sus casos de expulsión, tras cuestionar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en contra de la Administración Trump y ha bloqueado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar la deportación de migrantes venezolanos vinculados supuestamente a redes criminales.

Los jueces del Supremo han determinado que los migrantes deben tener más tiempo para defender su caso ante los avisos de expulsión, que son emitidos 24 horas antes de que se lleve a cabo la deportación, según ha recogido la cadena NBC News.

Asimismo, han enviado el caso de vuelta a la Quinta Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, para una revisión adicional. La decisión es un golpe para Trump, si bien todavía tiene por delante una dura batalla legal.

Los jueces han afirmado además que los intereses de los migrantes "tienen un peso especial" dado el caso de Kilmar Ábrego, el hombre de origen salvadoreño deportado a El Salvador. "El Gobierno ha manifestado que no puede disponer el retorno de una persona deportada por error a una prisión en El Salvador", reza el documento.

La máxima corte no ha determinado si esta legislación del siglo XVIII está siendo utilizada de forma correcta, sino que se ha limitado a apuntar que los migrantes deben contar con más recursos e información para afrontar sus procesos de expulsión.

La decisión, a la que se han opuesto los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, se produce después de que el Supremo pidiese en abril a la Administración Trump que suspendiera temporalmente las expulsiones amparadas en esta legislación.

La Administración Trump ha utilizado esta ley para expulsar "en caliente" a los migrantes que identificaban como miembros de la organización criminal Tren de Aragua, independientemente de su estatus migratorio y, según denuncian las organizaciones de Derechos Humanos, sin cumplir el protocolo necesario de deportación.

La legislación solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.

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