ONG temen que un nuevo reglamento español deje a muchos solicitantes de asilo sin papeles

Madrid, 15 may (EFE).- El nuevo reglamento español de extranjería traerá algunos avances en los derechos de los migrantes, pero también otras novedades que, según temen entidades sociales, dejará a miles de solicitantes de asilo sin papeles, la documentación para residir y trabajar legalmente.

Entrará en vigor el 20 de mayo, y establece que el tiempo que un extranjero que ha esperado en España a que su solicitud de asilo sea resuelta -y trabajando regularmente- no computará para después pedir un permiso de residencia por arraigo si su petición es denegada finalmente.

Esto significa que, a partir de ahora, tendrá que pensárselo bien a la hora de solicitar asilo en España, porque, en el caso de que no se le conceda -la respuesta puede tardar años- caerá en la irregularidad y deberá permanecer así al menos dos años hasta conseguir las documentación.

Esto ha generado un gran rechazo de entidades sociales. El cambio puede afectar a las más de 240.000 personas que actualmente esperan respuesta a la petición de asilo, y las ONG temen que genere una gran bolsa de irregularidad de extranjeros que ya estaban trabajando e integrados en España.

Siete organizaciones han recurrido esta parte de la norma en el Tribunal Supremo: la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios por un lado, y Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por otro.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incorporó al reglamento una vía transitoria: durante un año, los solicitantes con el asilo denegado antes de que la norma entre en vigor pueden optar al arraigo tras haber estado en situación irregular seis meses, en lugar de los dos años que se exigen al grueso de migrantes.

Según dijeron a EFE varias entidades que asesoran jurídicamente a solicitantes de asilo, esto ha provocado que muchos peticionarios que trabajaban en España hayan desistido, cayendo en la irregularidad -y, en muchos casos, perdiendo su empleo- y diciendo 'adiós' a la posibilidad de ser reconocidos como refugiados.

Uno de ellos es Santiago (nombre ficticio), que llegó a España en 2022 tras huir de Colombia, donde nació, porque fue amenazado de muerte por la banda criminal El Mesa, la misma que había acabado con su padre cuando él tenía 10 años.

Pidió protección internacional en un aeropuerto español, y se la denegaron. Pero unas horas antes de tomar el vuelo que lo devolvería a su país, lo dejaron entrar en España por una medida cautelarísima de la Audiencia Nacional, gracias a un recurso con el apoyo de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).

Desde entonces, ha trabajado en España esperando que su solicitud se resolviera, pero ahora, con la entrada en vigor del nuevo reglamento, ha renunciado por el temor de que sea finalmente rechazada, y dado que ya cumple con el tiempo exigido para solicitar un permiso de residencia por arraigo.

La abogada Patricia Fernández, de Coordinadora de Barrios, niega que exista un uso fraudulento o abusivo del derecho de asilo en España, cuando el país reconoce alguna figura de protección a más del 53 % de las personas que lo piden.

En su opinión, esta medida va a generar "una bolsa de personas en la irregularidad que no tiene ni pies ni cabeza", además de discriminar a los solicitantes de asilo.

Según Diana Castillo, responsable jurídica de Red Acoge, esta medida busca un "efecto disuasorio" para quienes piden protección en España.

Fuentes del Ministerio de Migraciones informaron a EFE que el Gobierno "está estudiando vías, dotadas de seguridad jurídica" para dar respuesta a personas que están en España y cuya solicitud de protección ha sido denegada. EFE