El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha puesto en duda ha considerado "altamente preocupante" la forma en que Estados Unidos está llevando a cabo las deportaciones masivas emprendidas desde la vuelta del magnate republicano Donald Trump a la Casa Blanca y que suman ya 142.000 casos, según estadísticas oficiales.
Turk teme que se estén violando derechos "fundamentales" tanto desde el punto de vista de la legislación estadounidense como del Derecho Internacional, incluidos "los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la protección contra la tortura u otro daño irreparable en otros Estados y a un recurso efectivo".
La ONU ha advertido de la situación de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador y recluidos en su mayoría en el Centro de Confinamiento del Terrorismo" (CECOT), donde el trato es "especialmente duro". La oficina de Turk tiene constancia de que más de cien venezolanos están detenidos en esta cárcel, símbolo de las medidas adoptadas por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir la inseguridad en el país centroamericano.
La organización ha afirmado que muchos de los detenidos no tenían siquiera información de su futuro traslado a un tercer país o no pudieron contactar con un abogado ni presentar algún tipo de recurso ante los tribunales estadounidenses. A día de hoy, ni las autoridades de Estados Unidos ni las de El Salvador han publicado listas oficiales de detenidos.
Naciones Unidas ha hablado con familiares de los afectados, que han expresado una sensación de "total impotencia" y "dolor", "al ver a sus familiares calificados y tratados como delincuentes violentos, incluso terroristas, sin que ningún tribunal haya dictaminado la validez de lo que se afirma contra ellos".
"La forma en que algunos fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, también ha sido extremadamente preocupante", ha denunciado Turk.
El Alto Comisionado ha instado a la Administración Trump a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos y libertades de estas personas y ha alabado el "papel esencial" del poder judicial y la sociedad civil de Estados Unidos "para garantizar la protección de los Derechos Humanos".
Este mensaje de apoyo contrasta en cambio con las críticas vertidas contra los jueces por el presidente estadounidense, que ha reprobado dictámenes como el que declara ilegal la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para deportar a los migrantes.
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