La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a Perú a derogar los artículos de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que atentan contra la libertad de expresión y asociación, y el acceso a la justicia.
En un comunicado publicado en la página web de la Comisión, ha señalado especialmente "la necesidad de contar con una autorización previa para realizar proyectos" en Perú con fondos de la cooperación internacional. Para la CIDH, los requisitos impuestos por la nueva ley podrían "constituir un obstáculo para el funcionamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y afectar la libertad de asociación y de expresión".
La Comisión considera "de especial preocupación" el establecimiento de sanciones "por el 'uso indebido' de recursos y donaciones" para apoyar acciones administrativas o judiciales, nacionales o internacionales, "en contra del Estado peruano" y "aun en reclamos que puedan constituir defensa de Derechos Humanos".
La norma, denuncia la CIDH, contravendría "el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente en los tratados de los que el Perú es parte en materia de Derechos Humanos". El comunicado alerta además sobre el impacto que tendría la ley APCI sobre organizaciones "de pueblos indígenas, defensoras de mujeres y personas LGBTI, así como de representantes de víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos", que podrían incluso "perder su representación legal".
Por otra parte, la Comisión ha achacado a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que propiciase "un clima de hostilidad que dificulta el ejercicio legítimo de la libertad de asociación y de la defensa de Derechos Humanos", a raíz de las declaraciones en las que afirmaba que su objetivo era "poner bajo revisión" a las organizaciones que actúan en contra de los intereses del país, "sembrando odio y atacando" al Estado.
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