Israel busca cortar el grifo del dinero extranjero a las ONG críticas con el Gobierno

Jorge Dastis y Patricia Martínez

Jerusalén, 10 may (EFE).- Esta semana el Parlamento israelí (la Knéset) comenzó a debatir la conocida como "Ley de impuestos a las ONG", una iniciativa para imponer un arancel del 80 % a las donaciones de países extranjeros a organizaciones israelíes que no cuenten con el apoyo explícito del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La ley también impediría a estos organismos, centrados sobre todo en el conflicto palestino-israelí o en la defensa de los derechos LGTBI, apelar a las instituciones judiciales israelíes, incluido el Tribunal Supremo.

En la práctica, la legislación tiene como principal objetivo los grupos críticos con las autoridades, ya que cualquier ONG que reciba parte de sus fondos del Gobierno israelí, dominado por una coalición de la derecha, la ultraderecha y los ultrarreligiosos, está exenta de pagar el impuesto, recuerdan estos grupos.

La norma crearía "una sociedad civil totalmente dependiente del liderazgo político", en palabras de Avner Gvaryahu, activista y exdirector del grupo 'Breaking the Silence' que lidera los esfuerzos de las principales ONG afectadas para luchar contra la propuesta.

"Todos los elementos democráticos o progresistas del Estado están en entredicho", dice Gvaryahu a EFE en una entrevista.

'Breaking the Silence', fundado por exsoldados israelíes que se oponen a la ocupación de los territorios palestinos, recibe más de la mitad de su financiación de gobiernos extranjeros, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos.

Y es que la mayoría de la financiación extranjera de organizaciones no gubernamentales en Israel proviene de democracias occidentales, con las que se supone que el país "comparte valores", dice Gvaryahu.

"Nos vemos como la única democracia de Oriente Medio (...), es parte de nuestra relación con nuestros aliados europeos. Pero el elemento fundamental de la democracia es la capacidad de intercambiar ideas y tener un debate abierto", explica el activista.

Para Gvaryahu, hay que irse a Rusia o a Hungría para encontrar iniciativas similares a la que se debate estos días en la Knéset.

Ariel Kallner, el parlamentario que propuso la ley, no lo ve así.

"Estas ONG no reflejan la opinión pública en Israel. Son básicamente agentes extranjeros financiados al 100 %, o casi, por otros países", explica el parlamentario, miembro del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu.

Para Kallner, las inversiones de países como Alemania o Noruega en grupos como Yesh Din, que registra ataques a los derechos humanos de los palestinos en Cisjordania ocupada, son "un abuso de la democracia" israelí para "influir, con sus propios intereses, en este país".

El parlamentario no cree que el verdadero objetivo de estas inversiones sea la promoción de los derechos humanos o la denuncia de crímenes, sino que la gente piense que la ocupación de Cisjordania es violenta y así sentar las bases de un futuro Estado palestino.

"Entiendo que la Unión Europea y tal vez otros países apoyan la solución de los dos Estados, pero esta no es la manera de obligar a Israel a aceptarla", explica el político.

La iniciativa de Kallner lleva años rumiándose. En 2023, antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre contra Israel, el parlamentario propuso una medida similar que acabó siendo aparcada por las protestas del entonces Gobierno estadounidense de Joe Biden.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Kallner vio la oportunidad de volver a introducir su propuesta. La medida fue aprobada en lectura preliminar en febrero y, este lunes, empezó a debatirse en comité en la Knéset.

Aún debe superar tres lecturas más en el hemiciclo, pero el parlamentario espera que la ley esté aprobada en los próximos tres meses, antes del receso de verano, que comenzará a finales de julio.

La aritmética parlamentaria deja poco espacio para la duda. "El Gobierno tiene los números", lamenta Gvaryahu, el exdirector de 'Breaking the Silence'.

El activista tiene sus esperanzas puestas en la oposición, que de momento ha rechazado la medida en bloque, y en la presión de la comunidad internacional, aunque admite que será muy difícil lograr la cooperación de la Administración de Trump.

Shai Parnes, portavoz de B'Tselem, otro de los grupos contra la ocupación de los territorios palestinos que se arriesgan a perder gran parte de su financiación, explica que la norma "no es nada nuevo", y que las ONG israelíes de derechos humanos llevan más de 15 años perseguidas por la derecha de Netanyahu.

"Esto es solo un paso más de este Gobierno israelí para acabar con cualquier voz crítica y para silenciar organizaciones que se oponen a la ocupación de los territorios palestinos", explica.

El portavoz asegura que la medida, de aprobarse, no tendrá un efecto inmediato, aunque reconoce que B'Tselem tendrá que "repensar" muchas cosas para seguir funcionando.

Uno de los grupos más críticos con la legislación en trámite es el Fondo Nuevo Israel (NIF, en inglés), con sede en Estados Unidos y que financia cientos de ONG progresistas israelíes.

"Lo que estamos viendo es un paso enorme hacia una autocracia total", lamenta Mickey Gitzin, director ejecutivo del NIF en Israel.

Gitzin avisa de que la ley, de aprobarse, crearía una sociedad civil "leal" al Gobierno, donde los abusos a los derechos humanos o la información crítica con las autoridades no sale a la luz.

"Un país sin sociedad civil es un país no democrático", sentencia.EFE

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