Guayaquil (Ecuador), 8 abr (EFE).- La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció este martes que seguirá en funciones prorrogadas tras la culminación oficial de su periodo de seis años al frente del Ministerio Público, después de que la Procuraduría General del Estado le diera luz verde para continuar debido a que no se ha nombrado aún a quien la reemplazará.
En un video compartido en las redes sociales de la Fiscalía, Salazar y el fiscal subrogante, Wilson Toainga, explicaron que antes de acabar este martes el periodo para el que fueron elegidos, consultaron a la Procuraduría sobre el procedimiento que debían seguir "con el fin de tener una transición ordenada".
"La respuesta ha sido que los servidores judiciales nombrados para un determinado periodo pueden desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados con el fin de garantizar la representación institucional", dijo Salazar.
Toainga agregó que para que ellos pudieran dejar los cargos era necesario que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que tiene entre sus funciones la designación de autoridades de diferentes instituciones estatales, culmine el concurso para la elección de quienes los reemplazarán "y así iniciar con la transición cuando se cumplan con todos los requisitos legales aplicables".
Sin embargo, el concurso se encuentra actualmente estancado en el interior del CPCCS, que está en medio de una crisis institucional después de la destitución de varios de sus miembros.
"En consecuencia, y hasta que eso pase, la Fiscalía General del Estado continuará garantizando el acceso a la justicia bajo esta administración", señaló Salazar.
Durante estos seis años, la fiscal general, quien fue elegida como una de las cien personas más influyentes de 2024 según la revista Time, ha liderado las investigaciones de varios casos de corrupción y contra el crimen organizado.
Al poco tiempo de asumir su cargo, se encargó de llevar adelante la acusación del caso Sobornos contra el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) y otros miembros de su movimiento político que derivó en la inhabilitación política del exmandatario, con una condena de 8 años de cárcel por cohecho.
Desde entonces Salazar ha sido denostada públicamente por Correa, que desde Bélgica, donde cuenta con calidad de refugiado, denuncia una persecución política en su contra y se declara víctima de 'lawfare', al afirmar que fue sentenciado sin pruebas.
Fruto de esa animadversión hacia ella, el correísmo ha buscado de diversas formas de sacarla del cargo durante los últimos años, sin que hasta el momento ninguna haya surtido efecto.
A finales de 2023 destapó el caso Metástasis, una trama de corrupción judicial, policial y carcelaria que reveló la infiltración e influencia del crimen organizado en el sistema de Justicia de Ecuador.
También ha estado al frente de conocidos casos como Encuentro, en el que se investigó a una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, según el Ministerio Público, pretendían obtener "réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas".
Por este caso fue condenado a diez años de prisión el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), tras ser declarado culpable de delincuencia organizada por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario.
Ha manifestado en varias ocasiones que ha recibido amenazas de muerte y en mayo de este 2024 reveló que los sicarios contratados para asesinar en 2023 al candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio tenían también el encargo de matarla.
El anuncio de que seguirá en el cargo se dio horas después de que la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, denunció que Salazar la "presionó" para que señale en sus redes sociales a Correa como el responsable del crimen de su esposo, una acusación que la Fiscalía aseguró que "carece de fundamentos" y "es falso". EFE
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