Madrid, 1 abr (EFE).- Los nuevos pisos turísticos en España necesitarán desde este jueves la aprobación expresa de la comunidad de propietarios con un respaldo de tres quintas partes y, sin este consentimiento, los dueños podrán exigir el cese inmediato de esta actividad o incluso emprender acciones judiciales.
El próximo 3 de abril entra en vigor una nueva ley a fin de de "empoderar" a las comunidades de vecinos, que podrán dar o no el visto bueno a los alquileres turísticos ante la proliferación que experimentan y los problemas de acceso a una vivienda.
Además, el presidente de la comunidad -a iniciativa propia o de propietarios u ocupantes- requerirá a quien realice la actividad sin que haya sido aprobada el cese inmediato de la misma antes de iniciar, en su caso, las acciones judiciales pertinentes.
Cabe recordar que el pasado año varias sentencias del Tribunal Supremo ya avalaban que las comunidades de propietarios pudiesen prohibir los pisos turísticos en su finca por mayoría de tres quintos.
Esta nueva regulación no afectará, sin embargo, a los propietarios que ya tuvieran pisos turísticos antes de esta fecha, que podrán seguir desarrollando su actividad.
En España ha crecido en los últimos años la oferta de estos pisos turísticos, muchos de ellos ilegales, en los centros de las ciudades y en lugares de costa, lo que ha provocado que la población que residía en esas zonas tenga que buscar alojamiento en otro lugar, debido al encarecimiento de los alquileres.
Como ejemplo, la pasada semana el Ministerio de Consumo dio a conocer que en Madrid ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales y pidió al Ayuntamiento de la capital que elimine sus anuncios como ha hecho el Consistorio de Barcelona.
Con esta medida, el Gobierno busca "empoderar" a las comunidades de propietarios a fin de exigir una autorización previa a los pisos turísticos. También trabaja en un paquete fiscal que, entre otros puntos, pretende que los alquileres turísticos sean considerados una actividad económica más y soporten un IVA.
Considera el Ejecutivo que hay un gran consenso social para prohibir, limitar o regular los alojamientos turísticos, que, señala, están colisionando con el derecho a una vivienda digna, elevando el precio del alquiler y limitando la oferta de alquiler residencial.
"Hace falta menos Airbnb y más vivienda", ha manifestado la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, que es partidaria de prohibirlos en las zonas donde más afecta.
Junto a ello, el Ejecutivo ha creado además un registro único para evitar el fraude con la comercialización de alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y cuya aplicación se hará efectiva el próximo 1 de julio.
Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, creen que esta ley da seguridad jurídica a las comunidades de propietarios y a los administradores de fincas y subrayan los problemas de convivencia que generan los pisos turísticos.
Los hoteleros reiteran que hay que frenar el "desmadre" de los pisos turísticos, mientras que las plataformas que ofrecen este tipo de alquiler piden un diálogo "constructivo" y limitaciones "justas, proporcionadas y necesarias" y señalan el impacto que tienen para las economías locales. EFE
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