Asunción, 7 feb (EFE).- Más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil rechazaron este viernes una supuesta "injerencia política" en la Justicia de Paraguay, tras la divulgación de unos presuntos chats que al parecer involucran a un legislador oficialista, un diputado fallecido en agosto del año pasado, dos fiscales y una jueza.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) emitió un comunicado en el que se refirieron a unas presuntas conversaciones extraídas de un celular que perteneció al diputado oficialista Eulalio Gomes, fallecido el 19 de agosto pasado durante un allanamiento a su vivienda.
En los presuntos chats, Gomes supuestamente se contacta con su colega del gobernante Partido Colorado Orlando Arévalo, quien renunció esta jornada al cargo de vicepresidente primero el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López.
"Las organizaciones de la sociedad civil de Paraguay, comprometidas con la defensa de la democracia y la transparencia, expresamos nuestra profunda preocupación ante las recientes revelaciones que evidencian cómo la justicia sigue siendo utilizada como un instrumento de negociación política, y no como un pilar de garantía para la ciudadanía", señaló la nota.
El juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal reveló el lunes que en los presuntos chats de Gomes encontró indicios de "corrupción pública" relacionados con "pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero".
Las organizaciones consideraron que "los hechos recientemente revelados demuestran que la independencia del sistema judicial está gravemente comprometida", una cuestión que dijeron afecta "la confianza en las instituciones" y la posibilidad de que se aplique justicia "en casos que más impactan a la sociedad".
Afirmaron además que "un modelo perverso" proyecta una "imagen negativa" del país y pone en riesgo el grado de inversión que ha otorgado recientemente a Paraguay una agencia calificadora de riesgo.
"Desde las organizaciones de la sociedad civil, hacemos un llamado al compromiso inmediato de las autoridades para esclarecer los hechos denunciados y sancionar con rigor a quienes utilicen el poder judicial para beneficio propio", agregó la comunicación.
Igualmente instaron a la creación de "mecanismos de auditoría independientes que garanticen que los procesos judiciales no estén sujetos a presiones políticas" y mayor acceso ciudadano a la información sobre decisiones judiciales.
Este jueves, Arévalo solicitó su desafuero como legislador para afrontar la Justicia y presentó su renuncia como miembro del JEM, el órgano que enjuicia a fiscales, jueces y defensores públicos.
El Ministerio Público ordenó el lunes abrir una causa penal para investigar los datos extraídos del celular de Gomes y anunció el miércoles la apertura de un "sumario administrativo" en contra de las fiscales Uemura y Cano.
Igualmente, López presentó su renuncia al cargo ante la Corte Suprema de Justicia. EFE
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