Asunción, 3 feb (EFE).- Un juez paraguayo reveló este lunes que los datos de un celular que pertenecía al diputado Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido en agosto de 2024 en un presunto cruce de disparos con las autoridades, contiene indicios sobre una presunta trama de "corrupción pública" en instituciones judiciales de Paraguay.
Goméz murió en la madrugada del 19 de agosto pasado durante un allanamiento a su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), hecho por agentes especiales de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el que también se incautaron evidencias como aparatos electrónicos para ser periciados.
El juez penal especializado en crimen organizado, Osmar Legal, informó en radio Monumental que en uno de los celulares se encontraron "conversaciones" entre Gomes y un diputado oficialista, dos agentes fiscales y una jueza penal con "indicios" de otros hechos punibles, diferentes a la causa a su cargo por lavado de dinero.
Las conversaciones guardan relación "con favores políticos, pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero", denunció el magistrado.
En ese sentido, Legal presentó una nota al Ministerio Público para se inicien investigaciones en contra del diputado del gobernante Partido Colorado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo; las agentes fiscales, Katia Uemuera y Stella Mary; y la jueza penal de Garantías Sadi López.
En declaraciones para radio ABC Cardinal, el juez dijo que no se trata de una denuncia ante la Fiscalía sino de una "comunicación" para investigar a las cuatro personas, al haber encontrado indicios de delitos que "derivaría en hechos que guardan relación con corrupción pública".
Los supuestos chats se filtraron en medios de comunicación local y generaron el rechazo de políticos de la oposición como el senador Eduardo Nakayama, que señaló a periodistas la necesidad de que el JEM, órgano que juzga el desempeño de jueces y fiscales, se reúna de "forma inmediata", frente a lo que consideró un caso de presunto "tráfico de influencias" o "prevaricato".
El abogado de la familia Gomes, Óscar Tuma, cuestionó en Radio Ñandutí que el juez Legal "no puede filtrar" un informe pericial del celular del político "sin que la defensa ni el Ministerio Público tengan conocimiento".
El diputado de 67 años fue abatido en medio de la operación 'Pavo Real II', dirigida contra las propiedades del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en diciembre de 2017 a Brasil, dentro de un caso en el que también está involucrado su hijo Alexandre Rodrigues. EFE
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