La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha criticado este jueves a los jueces por "dañar" la reputación del país y por "querer gobernar" después de que la Fiscalía abriera una investigación en su contra por la deportación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra.
"Hay algunos jueces que quieren gobernar (...) El problema es que si yo me equivoco, los italianos me envían a casa, pero si ellos se equivocan no pasa nada", ha sentenciado la primera ministra en declaraciones desde la ciudad de Milán, agregando que el caso en su contra "hace daño a la nación".
Meloni ha afirmado así que ha sido una acción "intencionada" y que "no es inevitable que algunos magistrados politizados intenten atacar a quienes" no coinciden con sus posturas o que intenten legislar en materia de inmigración o ambiental, entre otras.
"El poder judicial desempeña un papel fundamental en nuestra democracia: es la columna vertebral de nuestra República", ha resaltado la primera ministra, añadiendo que "no va a ceder ni un centímetro" en la defensa de la nación.
Meloni ha afirmado además que el caso daña a Italia, así como "a sus esperanzas" y "oportunidades". "Se hacen muchos sacrificios, pero si esos mismos italianos que deberían remar a tu favor reman en tu contra, te desmantelan todo el trabajo que haces", ha dicho.
Además de investigar a la primera ministra, la Fiscalía italiana también ha abierto pesquisas contra el ministro de Justicia, Carlo Nordio; el titular de Interior, Matteo Piantedosi, y el secretario de Estado Alfredo Mantovan por los mismos motivos.
Al Masri, que formaba parte de la milicia Fuerza de Disuasión (Rada), fue detenido por las fuerzas de seguridad mientras se encontraba en Turín para asistir a un partido de fútbol entre la Juventus y el Milán. Fue posteriormente liberado debido a un error administrativo.
El jefe de la Policía judicial libia está acusado ante el TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad --incluyendo asesinatos, torturas, violaciones y otro tipo de violencia sexual-- cometidos en Libia a partir de febrero de 2015.
En concreto, estos crímenes habrían tenido lugar en la prisión de Mitiga, en Trípoli, contra personas encarceladas por motivos religiosos, por comportamiento inmoral y homosexualidad, así como por su presunto apoyo a otros grupos armados.
El TPI ha pedido explicaciones a las autoridades por este caso y ha recordado a Italia que el Estatuto de Roma recoge "el deber de todos los estados parte de cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes", lo que habría implicado consultar con el tribunal cualquier posible contratiempo o decisión.
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