San Salvador, 27 ene (EFE).- Una corte contra el Crimen Organizado de El Salvador emitió condenas de 40, 60, 100 y 120 años de prisión a siete pandilleros del Barrio 18 por varios delitos, entre estos un doble asesinato, informó este lunes la Fiscalía General.
La Fiscalía indicó en su cuenta en X que los crímenes fueron cometidos en la oriental ciudad de San Miguel entre 2013 y 2016.
Señaló que "entre los casos resueltos está un doble asesinato cometido en una cancha de fútbol", ubicada en una zona rural en el oriente del país.
Los condenados pertenecen a una 'clica' (grupo) de la pandilla Barrio 18, fracción Sureños, apuntó la entidad de investigación.
Los pandilleros fueron identificados como Carlos Hernández -condenado a 120 años de cárcel-, Yoni Villegas y Armando Salgado -ambos sentenciados a 100 años-.
También Melvis Rivas -64 años de prisión-, Edwin Flores -60 años-, Roberto Valencia y Marco Guandique -ambos condenados a 40 años-.
La Fiscalía no precisó si estos miembros de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en el contexto de la implementación en El Salvador, desde marzo de 2022, de un régimen de excepción para "combatir" a las pandillas.
Tampoco indicó si los hombres ya estaban en prisión por otros delitos antes de estas condenas.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, amplía cada mes por un lapso de 30 días la medida que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía hasta 15 días la detención administrativa.
La medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y muertes de detenidos, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y WOLA, han rechazado la implementación de dicho estado de excepción y han solicitado políticas integrales con prioridad en derechos humanos para combatir el flagelo de las pandillas en el país centroamericano. EFE
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