Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han denunciado este martes que la 'Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas' supone un "retroceso significativo" en la lucha contra la violencia machista en España.
Los socialistas registraron esta iniciativa en el Congreso el pasado 10 de enero y, con ella, buscan "impedir los mecanismos de acoso" por parte de grupos "ultras" que usan la acusación popular para fines propios, según explicó en rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López. Además, también quieren suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, que es utilizado "permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas y periodistas".
En este sentido, la organización de mujeres critica que esta iniciativa "introduce drásticas limitaciones a la acusación popular que dificultarán la persecución penal de los delitos de violencia de género, comprometen la libertad ideológica de las juezas y magistradas, y asestan un golpe al activismo feminista". Además, alerta de que la "drástica" limitación de la acusación popular "podría atentar contra el derecho constitucional a la acción popular".
Asimismo, asegura que destruye la posibilidad de personación, como acusación popular, de las comunidades autónomas y del Gobierno central, "lo que tendrá nefastas consecuencias para las víctimas de violencia de género". "La acusación popular se considera fundamental para perseguir delitos cuando la víctima no puede o no quiere hacerlo, asegurando así que no haya impunidad para los agresores", apunta.
En esta misma línea, explica que la iniciativa resulta, además, contradictoria con el 'Protocolo de Condena y Repulsa', anunciado en noviembre por los Ministerios de Igualdad y Política Territorial para unificar la respuesta institucional ante asesinatos por violencia de género. De hecho, este plan incluye que el Gobierno actúe como acusación popular si las comunidades autónomas no lo hacen.
Las feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres también exponen que la modificación del Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría afectar a jueces y magistradas que hayan opinado públicamente sobre temas relacionados con la violencia de género o hayan tenido contacto con instituciones o personas en relación con estas temáticas. "La nueva redacción podría utilizarse para eliminar a juezas o jueces con una perspectiva de DDHH y feminista, lo que compromete los derechos constitucionales a la independencia judicial, la libertad ideológica y la libertad de expresión. Esto podría desembocar en juicios menos sensibles a los matices de la violencia de género, afectando la imparcialidad y comprensión de estos casos", subrayan.
Por otra parte, la organización explica que la modificación del Artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no puedan ejercer la acción popular asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos, "es demasiado amplia y vaga ya que podría interpretarse de manera que excluya a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, argumentando una supuesta afinidad política". "Esto limitaría la capacidad de las asociaciones de mujeres para actuar en defensa de las víctimas cuando el Estado o las comunidades autónomas no lo hagan", advierte.
Para las feministas, esta propuesta de ley, en su forma actual, representa un "retroceso significativo" en la lucha contra la violencia machista en España, "al restringir la capacidad de intervención legal y socavar la independencia judicial, poniendo en riesgo no solo la justicia para las víctimas, sino también derechos y libertades fundamentales que deberían ser pilares de nuestra democracia".
Por ello, piden que se reconsideren estas medidas "para asegurar que la protección de las víctimas no se vea comprometida". En este sentido, avisan de que se dirigirán al Grupo Parlamentario Socialista para recordarle que "poder incoar un proceso penal sin ser el afectado directo por el delito, es, particularmente en los casos de violencia machista, una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva".
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