
El líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, ha rechazado las "amenazas" extranjeras contra Afganistán, después de la petición de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que se emitan órdenes de arresto contra él y contra el jefe del aparato judicial, Abdulhakim Haqqani, por supuestos crímenes contra la humanidad relacionados con la "persecución por motivos de género" contra las mujeres afganas.
"Las potencias orientales y occidentales no pueden dañarnos y no nos plegaremos a sus amenazas. Esa es nuestra creencia", ha subrayado durante una ceremonia en una escuela coránica en Kandahar (sur). "La comunidad global debe entender que el sistema de los talibán fue creado para proteger el islam", ha agregado, según una grabación recogida por la cadena afgana Amu TV.
Así, ha afirmado que la aplicación de la 'sharia' no es algo negociable para los talibán y ha subrayado que "este sistema no fue dado de forma gratuita o por amabilidad". "Es el resultado de batallas duramente luchadas y nadie debe pensar que tenemos una deuda con ellos", ha destacado, al tiempo que ha prometido usar todas las herramientas a su disposición para que el grupo siga al frente del país.
"Si uno está decidido a defender el islam hasta la muerte, que se prepare para el martirio y el encarcelamiento", ha dicho Ajundzada, quien ha ahondado en que los musulmanes no deben verse influenciados por las afirmaciones desde Occidente, dado que "los infieles" nunca aceptarán las creencias de los musulmanes y se pronunciarán contra su fe, tal y como ha informado la cadena de televisión Ariana.
Las palabras de Ajundzada llegan de que el Ministerio de Exteriores afgano afirmara el viernes que la petición formulada por el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, "como muchas otras decisiones del organismo", "carece de una base legal justa, es una muestra de doble rasero y tiene motivaciones políticas". Por ello, recalcó que "condena firmemente y rechaza estas acusaciones infundadas".
Khan afirmó el jueves que su oficina había presentado estas solicitudes después de que sus investigaciones hayan permitido determinar que "hay motivos razonables" para considerar que Ajundzada y Haqqani "tienen responsabilidad penal por el crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género".
Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibán han impuesto una batería de restricciones a los derechos fundamentales de la población, especialmente de mujeres y niñas, llegando a prohibir que trabajen en el sector público, salvo en ámbitos de sanidad o educación primaria, algo que, sin embargo, ha sido recientemente aún más restringido.
El régimen impuesto por los talibán en Afganistán no ha recibido hasta la fecha el reconocimiento de ningún país ni organización internacional, si bien el grupo pide que se dé este paso y se retiren las sanciones impuestas contra Kabul para ayudar a las autoridades a hacer frente a la crisis económica y social, ahondada desde 2021.
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