Un año desde que el Senado aprobó definitivamente la reforma del 49: "Tiene que traducirse en políticas públicas"

Este sábado 25 de enero se cumple un año desde que el Senado aprobó definitivamente la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra 'disminuido' por 'persona con discapacidad'. En concreto, la Cámara Alta dio 'luz verde' a la modificación por 254 votos a favor y tres en contra de los senadores de Vox.

"Este logro país conseguido desde la movilización, la presión, la propuesta, la capacidad de incidencia de la sociedad civil, llevó a esta reforma histórica, a la primera reforma social de nuestra Carta Magna", ha celebrado en declaraciones a Europa Press el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.

En este sentido, Pérez Bueno ha destacado que este cambio ha situado a España "a la vanguardia del constitucionalismo social y de discapacidad en el mundo". Así, ha añadido que "no hay otra Constitución que recoja en términos tan actuales, tan ambiciosos y tan adecuados las demandas en clave de derechos humanos de las personas con discapacidad".

También ha celebrado el hecho de que la Constitución pueda ser modificada. "Es un texto vivo, que no está anclado ni petrificado. Y que, apelando a los cimientos sobre los que se fundó la actual Constitución, al consenso, a la base política y social de apoyo muy amplia, es posible renovarla", ha aplaudido.

Si bien, ha pedido pasar de los derechos proclamados en un texto a los hechos en la vida corriente de las personas con discapacidad. "La reforma constitucional no es una estación de destino", ha apuntado. En este sentido, ha dicho que la modificación "tiene que traducirse en políticas públicas, en legislación actualizada, reforzada, vigorizada", para que "todos estos principios y mandatos se traduzcan en el día a día, en la realidad".

Por otro lado, ha exigido al Gobierno que presente "cuanto antes" en las Cortes Generales la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia para que se apruebe. Además, ha recordado que también está a la espera de debatirse la reforma del Estatuto de los Trabajadores que permitirá eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora.

EL CERMI INSTA A EXTENDER LA FIGURA DE LA ASISTENCIA PERSONAL

En esta misma línea, Pérez Bueno se ha referido a algunos retos pendientes en materia de discapacidad tras la reforma del artículo 49. Así, ha instado a "intensificar y extender" la figura de la asistencia personal, promover una estrategia "potente" de desinstitucionalización o que la accesibilidad universal "sea una verdad y no sólo una proclamación". Además, ha avanzado que desde la Fundación CERMI Mujeres trabajan en un plan de acción integral de mujeres con discapacidad para entregárselo al Gobierno.

Esta reforma Constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".

La modificación entró en vigor el 17 de febrero de 2024, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el artículo 49 de la Constitución estaba redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Así, tras la aprobación de la reforma, la redacción establece que "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas". "Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio", añade.

Además, en el segundo punto consta: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".