Los fiscales generales de once estados estadounidenses han advertido este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no permitirán que su administración utilice recursos estatales para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes.
"Si bien el Gobierno federal puede usar sus propios recursos para hacer cumplir la ley federal de migración, los tribunales dictaminaron en la decisión Printz contra Estados Unidos que el Ejecutivo no puede 'incorporar a su servicio y sin coste ninguno a agentes de Policía de 50 estados'", reza el escrito.
En este sentido, el texto resalta que "el presidente no puede reescribir unilateralmente la Constitución". "Este equilibrio de poderes entre el Gobierno federal y los estados es una piedra angular del sistema estadounidense federal", ha agregado.
La declaración, publicada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, está apoyada por los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo Mexico, Rhode Island y Vermont.
"El presidente ha hecho amenazas preocupantes de que utilizará la autoridad y los recursos del Departamento de Justicia de Estados Unidos como arma para atacar a funcionarios públicos que actúen de conformidad con sus leyes estatales", agregan.
Tom Homan ha sido designado como responsable de política migratoria. El conocido como 'zar de la frontera' es considerado el ideólogo detrás de la separación de miles de niños de sus familias en el primer gobierno de Trump. Homan señaló a la cadena Fox News el miércoles que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo un total de 308 arrestos el martes.
El magnate republicano prometió durante la campaña electoral llevar a cabo una deportación de "millones" de migrantes, si bien el ICE cuenta con recursos limitados, por lo que tendrá que acudir al Congreso para aprobar fondos, según ha recogido la cadena NBC News.
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